La senadora Alejandra Vigo, presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, se encuentra en el ojo de la tormenta por su actuación en la discusión sobre la integración de la Corte Suprema. A pesar de haber promovido públicamente un tratamiento ágil del tema, sus detractores señalan que su proceder indica lo contrario: la semana pasada se evidenció que el debate se prolongará por al menos dos o tres meses, una dilación que favorece a la Casa Rosada y genera sospechas en el Senado.
Los bloques dialoguistas expresan desconfianza hacia Vigo. “Al final, le hace el juego al Gobierno”, comentó un legislador experimentado a un medio porteño. La desconfianza creció tras la propuesta de la senadora de trasladar el debate al interior del país. “¿Somos la ‘Casa’ que representa a las provincias y vamos a viajar? Parece un chiste”, acotaron desde la oposición.
Durante el plenario de comisiones, Vigo defendió su posición: “No es un tema nuevo. Estamos retomando esta discusión tan importante. Vamos a definir, por consenso, la integración de la Corte Suprema para los próximos veinte años en la Argentina”.
Sin embargo, sus palabras contradicen los hechos, sostienen sus críticos. El tratamiento ya acumula demoras, y aunque solo restan 16 expositores, se prevé que podrían sumarse más. Entre los nombres destacados figuran Aída Kemelmajer, el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona y el abogado Francisco Oneto.
Mientras tanto, diferentes sectores del Senado alertan sobre la falta de acuerdos institucionales clave: la AGN sigue acéfala, no hay defensor del Pueblo ni nuevo procurador, y el Banco Central cuenta con directores cuyos mandatos vencieron hace más de una década.
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