Después de una enmarañada primera experiencia, el gobierno anticipó que hará un nuevo llamado a licitación para la concesión de la Hidrovía, el negocio multimillonario que conglomera el 80% de las exportaciones del país. Este segundo intento llega luego de la súbita cancelación del primer pliego que, judicialización mediante, recibió insistentes cuestionamientos del ex presidente Mauricio Macri, sectores ligados a la Sociedad Rural (SRA) y poderosos estudios de abogados. Con el envalentonamiento del año electoral, el oficialismo espera anotarse un triunfo con la semi-privatización de la vía navegable que comparten otros cuatro países de la región.
El fracaso que significó el primer proceso licitatorio fue un golpe duro para el oficialismo. La imposibilidad de domesticar a las fuerzas del círculo rojo y el establishment nacional, que desde hace décadas tiene el foco puesto en el negocio conducido desde 1996 por la empresa Jan De Nul, desencadenó en la decisión del propio Javier Milei de involucrarse en el caso. Tal es así, que el presidente instruyó al titular de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (AGP), Iñaki Arreseygor, a que cierre un proceso de auditorías externas con la oficina de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo de la ONU (UNCTAD) para evitar nuevos cuestionamientos.
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