El acto, realizado con gran ceremonial, tuvo lugar el 16 de abril de 2012 en el salón Juana Azurduy de la Casa Rosada, bajo la dirección de Cristina Kirchner, quien ejercía la presidencia de la Nación en ese momento. “No es una estatización, sino una recuperación de la soberanía y control de los hidrocarburos”, afirmó la exmandataria, hoy bajo prisión domiciliaria tras ser condenada en la denominada causa “Vialidad”.
Al día siguiente, Clarín titula: “La Presidenta intervino la empresa y nombró al frente a De Vido y Kicillof” y “Repsol califica de ‘ilícita’ la expropiación de YPF y anuncia acciones legales”. Por su parte, Página 12 celebró con el titular: “Volvió YPF”.
Más allá de los motivos, e incluso considerando que pudo haber sido una buena decisión política y estratégica –ya que Repsol administraba de forma deficiente la compañía o por el potencial que empezaba a vislumbrarse en Vaca Muerta– esta expropiación estuvo marcada por irregularidades y se ejecutó con mala praxis. Fue ineficaz tanto técnica como estratégicamente.
Los USD 16.000 millones representan una cifra actualizada, ya que la sentencia acumula intereses diarios que rondan los USD 2,5 millones, llevando el total a más de USD 17.000 millones.
Argentina apeló este fallo de primera instancia. Sin embargo, simultáneamente se continuaron tramitando medidas adicionales solicitadas por el bufete británico Burford Capital, principal beneficiario de la demanda. En uno de esos requerimientos, la jueza Preska ordenó a la República Argentina entregar el 51% de las acciones de YPF como parte de pago por la expropiación de la petrolera.
La noticia se convirtió en un verdadero bombazo: el país apelará y eso “congelará” el traspaso accionario durante un año y medio. Sin embargo, se trata de una noticia negativa; tanto que las acciones de la petrolera cayeron más de un 5%, mientras que las de Burford se dispararon más de un 20 por ciento.
El juicio
Un breve resumen de esta extensa demanda sería el siguiente: el kirchnerismo liquidó rápidamente el pago a Repsol, la empresa que controlaba la operación, dejando de lado a otros accionistas minoritarios.
Los accionistas que se vieron desfavorecidos iniciaron una demanda por este “destrato” (aunque esa no sea la figura jurídica exacta) y posteriormente vendieron los derechos de litigio a una empresa dedicada a adquirir este tipo de demandas y mantenerlas por años, asumiendo los costos e incluso cediendo parte de las ganancias futuras. Esta es la actividad de Burford Capital, razón por la cual algunos lo consideran un “fondo buitre,” aunque no lo sea estrictamente.
El extenso juicio se encuentra en apelación y, a su vez, Burford impulsa diversas medidas adicionales, como embargos y la demostración de que el Estado y YPF son lo mismo, una situación jurídicamente conocida como “alter ego”.
El mandatario responsabilizó por completo al gobernador que estuvo a cargo de la operación que la justicia de EE. UU. consideró fallida. Es tan pronunciado su señalamiento que hoy publicó en X que fue un fallo contra Kicillof.
“Independientemente de la cuestión de fondo, haber llegado a esta situación del país es responsabilidad directa del inútil soviético de Axel Kicillof, quien fuera Ministro de Economía durante la segunda presidencia de la condenada CFK”, expresó Milei.
“Lamentablemente, no le bastó con arruinar la economía argentina; ahora se está encargando de destruir la provincia de Buenos Aires. Al margen de la ineptitud de Kicillof y de todos los que nos han gobernado antes, que todos los argentinos sepan que apelaremos este fallo en todas las instancias correspondientes para defender los intereses nacionales. Han pasado más de 10 años y los argentinos seguimos sufriendo las consecuencias del peor gobierno en la historia argentina”, concluyó el mandatario.
La posdata fue un insulto directo.
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