Una nueva iniciativa legislativa presentada por la oposición busca establecer un “límite ético y judicial” para quienes deseen ofrecer servicios al Estado chaqueño. El proyecto, impulsado por el diputado Juan José Bergia, determina que aquellas personas con condenas penales graves o que se encuentren en el Registro Único de Personas Violentas (RUPV) no podrán registrarse como proveedores, contratistas ni prestadores del sector público provincial.
La propuesta legislativa incluye una condición fundamental: presentar un certificado de antecedentes penales y una constancia negativa en el RUPV al momento de inscribirse en el Registro de Proveedores del Estado. Esta normativa también se extiende a las empresas, ya que se prevé revisar la situación judicial de sus socios que posean más del 20% del capital social. “No puede formar parte del circuito estatal quien ejerció violencia o fue condenado por delitos como homicidio, abuso, corrupción o crímenes de lesa humanidad”, afirmó Bergia.
El legislador subrayó que esta exclusión no se considera una sanción adicional, sino una medida necesaria para elevar los estándares de integridad de aquellos que gestionan fondos públicos o se benefician de recursos estatales.
La autoridad encargada de aplicar esta normativa será la Contaduría General de la Provincia, en colaboración con el Ministerio de Infraestructura en lo que concierne a los procesos de contratación.
Además, el proyecto establece que las personas con antecedentes penales quedarán inhabilitadas por un período de ocho años tras el cumplimiento de su pena. La norma busca complementarse con las leyes provinciales 1195-A y 487-A y convoca a los municipios chaqueños a adherirse con el fin de fortalecer la transparencia en todos los niveles de gobierno.
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