23 feb 2026
NACIONALES

ex intendente cordobés condenado por ofrecer planes sociales y trabajo a cambio de sexo tras 20 años de denuncias

Se trata de José Eugenio Díaz, que supo ser jefe municipal de El Brete, y también fue legislador provincial. Fue denunciado en 2004 y no hubo avances en el caso durante dos décadas

ex intendente cordobés condenado por ofrecer planes sociales y trabajo a cambio de sexo tras 20 años de denuncias
Condenaron a un ex intendente

En un hecho sin precedentes que dejó a las víctimas con un gusto amargo, la Justicia de Córdoba condenó este martes al ex intendente de El Brete, José Eugenio Díaz. El también ex legislador provincial fue hallado culpable de cuatro hechos de abuso sexual y cuatro de coacción contra seis mujeres que trabajaban en la Municipalidad.

La sentencia del tribunal, que se emitió 22 años después de la denuncia original, puso de manifiesto la prolongada demora judicial en este caso y la vulnerabilidad de las víctimas, estableciendo un precedente en la provincia de Córdoba. Díaz, quien en su momento también se desempeñó como legislador provincial, fue denunciado en 2004 por empleadas municipales que alegaron que les exigía mantener relaciones sexuales a cambio de entregarles planes sociales o asegurar su continuidad laboral.

El proceso judicial se aceleró en los últimos meses, tras la publicación de los testimonios de las víctimas y la mayor visibilidad mediática del caso. Según reportó La Voz del Interior, el ex intendente fue declarado culpable en un juicio abreviado, en el que reconoció su responsabilidad ante la Cámara Criminal y Correccional de Cruz del Eje.

No obstante, la pena de tres años de prisión en suspenso generó controversia entre las mujeres afectadas y organizaciones sociales, que consideraron el castigo “insuficiente” dada la gravedad de los delitos.

Una de las mujeres denunciantes habló con el medio El Doce y expresó: “Con él todo era a cambio de sexo, nunca se lo ocultó. En ese tiempo no teníamos la capacidad de decir nada, porque él era quien controlaba todo.”

De acuerdo con su testimonio, el ex jefe municipal ofrecía trabajo y ayudas económicas solo a aquellas que accedían a sus exigencias. “Para recibir los planes sociales teníamos que ir a su oficina, y allí comenzaban los comentarios o las amenazas sobre nuestra continuidad laboral”, relató la víctima.

Díaz, fue intendente de El

Las denunciantes, en una situación de vulnerabilidad social, estaban a merced del ex funcionario condenado. “Era elegir entre hacer lo que él decía o perder el empleo y no poder alimentar a nuestros hijos”, afirmó una de ellas.

Las pruebas recopiladas en el expediente incluyeron declaraciones coincidentes de seis mujeres que trabajaban en la comuna de El Brete, durante los primeros años de la década de 2000. Todas corroboraron que Díaz utilizó su doble rol como intendente y legislador provincial para someterlas a presión psicológica y amenazas de despido si no cumplían con sus requerimientos sexuales.

A pesar de que los hechos fueron denunciados administrativamente en 2004, el caso solo avanzó de manera significativa tras la insistencia de los familiares de las víctimas y la intervención de nuevas autoridades judiciales en los últimos años. Durante el juicio, el propio Díaz admitió haber realizado exigencias sexuales para la otorgación de planes municipales.

El impacto de la sentencia generó reacciones en toda la región de Cruz del Eje. Vecinas y familiares de las víctimas se reunieron frente a los tribunales pidiendo una sentencia más severa. Desde diversas organizaciones se destacó que la pena en suspenso no constituye un acto de reparación adecuado y se exigió una revisión de los mecanismos judiciales que permitieron la prolongación del proceso.

La figura de Díaz, quien había alcanzado notoriedad pública como intendente en los años 90 y luego como legislador de la provincia de Córdoba, quedó marcada por los delitos comprobados en el expediente judicial. Su condena, aunque sin prisión efectiva, fue registrada penalmente, lo que le impide ocupar nuevamente cargos públicos, según confirmaron autoridades judiciales.

La investigación incorporó pruebas documentales sobre los mecanismos de entrega de planes sociales en la municipalidad de El Brete. Además, se incluyeron declaraciones de ex funcionarios municipales y otras mujeres que confirmaron el patrón de acoso y abuso sistemático. El tribunal descartó la prescripción de los delitos debido al carácter de los hechos y a las sucesivas presentaciones de las víctimas ante organismos estatales a lo largo de los años.

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