
En el contexto de la audiencia virtual de formalización de cargos, la Justicia Federal aprobó la solicitud de la fiscalía para mantener en prisión preventiva durante 90 días a Facundo Jones Huala, líder de la agrupación Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), y estableció un plazo de 180 días para continuar la investigación por diversos delitos.
El activista será trasladado en las próximas horas a la unidad penitenciaria federal de Rawson. Fue formalmente imputado por los fiscales Ángela Pagano Mata y Fernando Arrigo, en relación a un primer hecho por apología del crimen y a un segundo por asociación ilícita agravada e intimidación pública.
Jones Huala, de 38 años, fue detenido por la Policía Federal el domingo por la noche en El Bolsón, al descender de un colectivo de línea que lo llevaba desde Bariloche. Tras su captura, la fiscal Pagano Mata solicitó al Juez una orden de detención, ya que hasta ese momento no existían fundamentos para su arresto.
Antes de que el juez suplente de Bariloche, Ezequiel Andreani, respondiera, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, anunciaba a través de sus redes sociales “la nueva” detención del líder mapuche.
El primer hecho que se le imputa es asociación ilícita, basado en sus declaraciones en febrero pasado durante la presentación del libro que escribió durante su última detención en Chile, “Entre Rejas, Antipoesía Incendiaria”, cuyo video se viralizó en las redes sociales.
En su discurso, Jones Huala defendió los atentados incendiarios y los sabotajes como métodos de lucha “contra el sistema capitalista, las transnacionales y los terratenientes.” Además, legitimó “cualquier método” para proteger sus ideales, haciendo referencia a posibles atentados.
El Ministerio de Seguridad de la Nación, junto al gobierno de Chubut, lo denunciaron por esas afirmaciones, considerando que incurrió en incitación a la violencia colectiva, intimidación pública, apología del crimen y asociación criminal.
En consecuencia, Andreani autorizó la investigación por una posible violación del artículo 213 bis del Código Penal, que prevé penas de entre 3 y 8 años de prisión para quienes integren organizaciones que impongan o combatan ideas mediante la fuerza o el temor.
No obstante, la fiscalía también solicitó investigarlo por delitos más graves, como formar parte de una asociación o banda destinada a cometer delitos, contemplada en el artículo 210 del Código Penal; y poner en riesgo la Constitución Nacional al pertenecer a una organización criminal, según lo estipulado en el 210 bis del mismo código. La pena para este último caso es de 5 a 20 años de prisión.
La defensa de Jones Huala, representada por Gustavo Franquet de la Gremial de Abogados y Abogadas de la República Argentina, señaló “irregularidades” en el procedimiento de su detención, argumentando que fue privado de su libertad sin una orden judicial.
En diálogo con Infobae, cuestionó también el procedimiento, al indicar que se enteró de los detalles del operativo varias horas después de la detención, cuando “los medios de comunicación ya habían informado sobre el operativo.”
“Planteamos al Juez que la detención fue ilegal, sin una orden previa, aunque él respaldó el operativo y aseguró que se ajustó a derecho”, declaró Franquet.
Isabel Huala, madre de Facundo, manifestó que su hijo fue detenido “por bocón”. “Lo encarcelaron por hablar, por decir y hacer poemas. Decidió publicar un libro hace unos meses, y desde entonces le han hecho una denuncia por terrorismo, por sus declaraciones y por una opinión personal que expresó ante una pregunta”, señaló.
Como resultado de la prisión preventiva dispuesta por el juez, Jones Huala regresará a un establecimiento penitenciario federal, tras haber permanecido varios años en la U 14 de Esquel durante el proceso anterior a su extradición a Chile, donde fue condenado por un atentado incendiario contra una propiedad privada.
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