La Libertad Avanza fracasó este miércoles en la Cámara de Diputados en su intento de reformar la Auditoría General de la Nación (AGN) y de aprovechar la parálisis del organismo de control, resultado del vencimiento de los mandatos de los auditores. La reunión tuvo lugar en la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara Baja, donde el oficialismo promovió un proyecto para modificar las características de los auditores y la composición del organismo encargado de supervisar las cuentas públicas.
Un dato preocupante, del que el Gobierno se beneficia, es el vaciamiento y la parálisis de la AGN. De los siete miembros que la integran, seis tienen el mandato vencido. El plazo de los tres auditores designados por Diputados expiró en 2024, mientras que el de los elegidos por el Senado concluyó en abril de este año.
El diputado libertario Nicolás Mayoraz inauguró la reunión y afirmó que “el objetivo es lograr una ley integral que reglamente el artículo 85 de la Constitución Nacional, actualmente insuficientemente abordado en la ley de Administración Financiera, anterior a la reforma constitucional. También planteamos la intención de elaborar un dictamen para modificar dicha ley en lo que concierne estrictamente a la integración del Colegio de Auditores, la duración de su mandato, la representación y la forma de elección”.
Por su parte, Unión por la Patria no participó en la reunión y especificó que no formará parte de ninguna actividad del Congreso durante esta semana, tras el fallo de la Corte Suprema que inhabilitó a Cristina Kirchner para ejercer cargos públicos.
En este contexto, el diputado Leopoldo Moreau sostuvo: “Desde nuestro espacio, venimos advirtiendo que la Argentina sufre una peligrosa escalada hacia el autoritarismo, cuyo objetivo es romper el pacto democrático que se estableció en 1983”. Y añadió: “Esto alcanzó su punto más elevado esta semana y por ello no vamos a participar en comisiones ni en ninguna actividad parlamentaria”.
“Una Corte Suprema corrupta ha coronado con una decisión un juicio que tiene características de una persecución política programada”, enfatizó Moreau y concluyó: “Por esas razones, nos retiramos y dejamos asentado que el Estado de Derecho está muriendo”.
Con la ausencia del peronismo y de dos diputados de Encuentro Federal, Margarita Stolbizer y Juan Brugge, el oficialismo no pudo alcanzar su meta, ya que se presentó un solo dictamen con 16 firmas, respaldado por LLA, PRO, UCR, Creo, Coalición Cívica e Innovación Federal. Para que el proyecto avance, se requieren 18 firmas entre todos los dictámenes, dado que la comisión cuenta con 35 miembros.
La oposición dialoguista apoya el proyecto del Gobierno
El diputado de la Coalición Cívica Juan Manuel López señaló que “el modelo de la AGN estaba pensado para un bipartidismo con mandatos de ocho años. La situación en la que nos encontramos es crítica, dado que los auditores de esta Cámara no han sido nombrados desde hace más de un año y todos los gobiernos necesitan auditoría”, puntualizó.
El dictamen promovido por el oficialismo —basado en el proyecto de Martín Menem— establece que la Auditoría se compondrá de nueve miembros, de los cuales “uno será designado como presidente y los otros ocho como auditores”.
En este sentido, el oficialismo aceptó modificar la propuesta de Menem que mantenía seis miembros de la actual ley, pero cambiaba la distribución al asignar dos al Senado y cuatro a Diputados, lo cual no permitía alcanzar un consenso que incluyera también a representantes de la tercera y cuarta fuerza.
A su vez, la diputada del PRO Silvana Giudici consideró que “es fundamental que se convoque nuevamente a la comisión para avanzar con este dictamen. Si uno lo toma de manera superficial, parecería que se trata de una cuestión de cargos, pero para mí es una cuestión de desbloquear una barrera”, ya que la “fragmentación actual hace necesaria una adecuación de la AGN”, agregó.
El proyecto libertario también busca modificar la remuneración de los auditores, proponiendo que sea equivalente a la que percibe un legislador de la Nación. Sin embargo, no especifica si se refiere a la dieta de un diputado o a la de un senador, siendo esta última muy superior. El salario bruto de un diputado es de $5.023.811, mientras que el de un senador es de $9.500.000.
El dictamen promovido por el oficialismo también sugiere que el presidente de la AGN sea designado por “resolución conjunta de los presidentes de las Cámaras de Senadores y de Diputados, a propuesta del presidente del partido político de oposición con mayor cantidad de legisladores”. Además, el proyecto establece que el titular de la AGN mantenga el cargo durante ocho años, siempre que el partido político que lo designe conserve su condición de principal fuerza opositora.
LM/ML
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