El presidente Javier Milei
emitió un decreto (el 780/2024 publicado en el Boletín Oficial) mediante el
cual restringió el acceso a la información pública de los actos del Gobierno,
como así también la actividad privada y parte de la pública de sus
funcionarios.
Esta normativa establece que el
Poder Ejecutivo tiene la potestad definir y determinar qué datos podrán
considerarse como de interés público para difundirse. Estos criterios limitan a
los ciudadanos a acceder, en forma individual o colectiva, independiente o a
través de la prensa, a información de la administración nacional sobre las
cuestiones públicas
El flamante decreto reconoce el
principio republicano de publicidad de los actos de Gobierno, la promoción de
la participación ciudadana y la transparencia de gestión, aunque limita el alcance a cierto tipo de información.
Javier Milei firmó el decreto 780/24.
Por ejemplo, establece: “No se
entenderá como información pública a aquella que contenga datos de naturaleza
privada”. Esto abarca los hechos que ocurran en la Quinta de Olivos, como
reuniones familiares, cantidad o existencia de mascotas, visitas íntimas o
reservadas que supuestamente no tengan que ver con la gestión.
Además, se prohíbe: “La
difusión de deliberaciones preparatorias, papeles de trabajo o exámenes
preliminares sobre un tema o acto de gobierno”. Es decir que todas las
anotaciones personales durante una reunión o en agendas no serán consideradas
como documentos de Estado ni posibles de ser revisadas.
Lo que dice el archivo
Gaillard busca anular el
decreto
Conocida esta determinación del
Ejecutivo Nacional, la diputada nacional por Entre Ríos de Unión por la Patria,
Carolina Gaillard, presentó un proyecto de ley para declarar al Decreto 780/24
nulo, de nulidad absoluta e insanable.
En los argumentos para su
iniciativa, la legisladora apunta: “El Decreto 780/24 ha generado críticas
significativas de diversos sectores de la sociedad, ya que, en lugar de
promover la transparencia, parece orientado a proteger al Gobierno Nacional y a
limitar la rendición de cuentas”.
“Podemos afirmar que, al
establecer nuevas restricciones para el acceso a información crucial, se
debilita uno de los pilares fundamentales del sistema republicano y democrático:
la publicidad de los actos de gobierno”, añadió.
Y concluye: “Este retroceso
normativo no solo obstaculiza la participación ciudadana, sino que también
erosiona la confianza en las instituciones públicas, siendo percibido como un
intento de limitar el control ciudadano sobre la gestión estatal”.
Carolina Gaillard quiere anular el decreto 780/24.
La provincia a contrapunto de
Nación
Mientras el gobierno nacional
decide limitar el acceso a la información pública, la legislatura entrerriana
promueve leyes diametralmente opuestas.
En este marco, durante la
decimosegunda sesión ordinaria del 145° Periodo Legislativo, la Cámara de
Diputados dio media sanción, por unanimidad, al proyecto del Poder Ejecutivo
que establece el Régimen Legal de Transparencia y Ética de la Función Pública.
Al respecto se refirió la
diputada provincial de Juntos por Entre Ríos, Gabriela Lena, quien explicó:
“Estamos trabajando mucho en este proyecto de Ley de Ética Pública y lo que se
agrega a esto es el proyecto de Ficha Limpia, porque además de servir a la
calidad institucional, estoy convencida de que sirve para que los fondos de los
entrerrianos vayan a la población y no al bolsillo de algunos corruptos. Porque
cuando roban al Estado están robándole a los entrerrianos la posibilidad de
tener una escuela más, una ruta arreglada que evite muertes, un camino por
donde sacar la producción, una ayuda social a una familia que no tiene para
comer”.
Frigerio impulsó las leyes de Ética Pública y Ficha Limpia.
Posteriormente, expresó: “Seguramente habrá algunos pensando que no es el momento de tratar esto cuando estamos en una crisis sin antecedentes, cuando los salarios son bajos, cuando hay mucha gente que no tiene para comer, pero creo que es justamente ahora el momento porque el dinero del Estado es uno y nosotros queremos que se usen para dar respuestas a las necesidades de la gente y no que se lo lleven los corruptos en sus bolsillos”.
“Por eso sabemos que es muy importante este tema. Queremos que los inescrupulosos no puedan robar los recursos de los entrerrianos, que no se puedan desviar fondos que están destinados al desarrollo de la provincia porque cuando pasan estas cosas, no se pueden brindar servicios básicos a la población”, añadió.
Lo que dice el archivo
Finalmente, la presidente de la
comisión de Asuntos Constitucionales, Juicio Político y Peticiones, Poderes y
Reglamento de la Cámara Baja provincia, detalló: “Con la Ley de Ética Pública
estamos reglamentando los artículos 39 y 40 de nuestra Constitución Provincial
que, inexplicablemente, nunca se reglamentaron. Es importante precisarlo en una
norma escrita para no dejarla a la libre interpretación de cada uno”.
Gabriela Lena dio detalles de las proyectos de Ética Pública y Ficha Limpia.
“La Ley de Ética Pública alude
a la cultura, a las reglas que garantizan que todos los funcionarios tienen que
actuar en función del interés público. Y el mismo debe ser amplio y no basado
en sus propios intereses. El derecho que tienen todas las personas a ser
elegidas no puede ser más importante que la necesidad de que los lleguen al
gobierno sean los más éticos, las buenas personas. Por eso la Ficha Limpia lo
que busca es impedir que aquellos que tienen doble condena puedan acceder a un
cargo electivo que les garantice obtener fueros o a un cargo público que les
permitan acceder al poder poner trabas en sus propios procesos judiciales”,
concluyó.
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