El titular de la Fiscalía de Estado de la provincia, Julio
Rodríguez Signes, se refirió a la denuncia ante la justicia realizada por el ex
concesionario José Uriburu contra el ex presidente del Ente Portuario, Carlos
María Scelzi (nieto) y al ex titular del Instituto Provincial, Leonardo
Cabrera, entre otros ex funcionarios portuarios de la gestión de Gustavo Bordet
y colaboradores judiciales de “corruptos, coimeros, ladrones”, y de tener
vínculos con el narcotráfico.
Lo que dice el archivo
Según consigna Análisis Digital, desde la Fiscalía se emitió
un comunicado en el que señalaron: “Terminal Puerto de Concepción del Uruguay
(TPCU) es la empresa a cargo del depósito fiscal con asiento en Concepción del
Uruguay. Su actual titular es el señor José Félix Uriburu”.
“Los depósitos fiscales son lugares operativos que habilita
la Dirección General de Aduanas para la realización de tareas inherentes al
almacenamiento de mercaderías bajo control de servicio aduanero”, detalla el
escrito.
José Uriburu.
Posteriormente, el fiscal agrega: “El inmueble donde
funciona TPCU pertenece al Dominio Público de la provincia de Entre Ríos. Forma
parte del puerto de Concepción del Uruguay, administrado por el Ente Autárquico
Puerto de Concepción del Uruguay. En particular, el EAPCU otorgó a GTPCU un
permiso de uso oneroso para que funcione como depósito fiscal. Es decir, que
TPCU, habilitada por Aduana, opera en un inmueble que es propiedad del dominio
público de la Provincia de Entre Ríos”.
Lo que dice el archivo
“La empresa TPCU viene registrando inconvenientes desde hace
un tiempo. En una ocasión un administrador estuvo sometido a proceso penal por
la presunta comisión de delitos federales. Posteriormente, sus empleados
demandaron a la empresa por conflictos laborales y finalmente TPCU quebró,
atento a la insolvencia para responder por los pasivos contraídos. El predio
quedó clausurado e incluso con bienes y herramientas de terceros”, completó.
Y añadió: “Para la Fiscalía de Estado de la Provincia el
asunto reviste importancia desde diferentes puntos de vista: en primer lugar,
el inmueble donde funciona la empresa quebrada, pertenece al Estado provincial,
por lo que es muy probable que la empresa TPCU, hoy en quiebra, sea deudora del
Estado provincial, lo cual se encuentra bajo análisis. Además, en oportunidad
de concretarse medidas cautelares para asegurar el pago de las deudas laborales
que registraba la empresa, se clausuró el lugar y fueron secuestrados vehículos
y otros bienes de productores entrerrianos que se encontraban operando
circunstancialmente en el lugar, lo que motivó el reclamo correspondiente,
atento a que si bien TPCU es una empresa privada, funcionaba en un inmueble del
Estado Provincial. Finalmente, y quizá lo más importante, es que a partir de la
quiebra y la inhabilitación de TPCU para operar como depósito fiscal, nuestros
productores y operadores de comercio de exterior, especialmente los que cargan
contenedores, tienen que realizar sus trámites en Campana o Buenos Aires, lo
cual causa enormes perjuicios”.
Lo que dice el archivo
Para concluir, Rodríguez Signes expresó: “El señor Uriburu
dice haber formulado una denuncia penal en Concepción del Uruguay, a lo que se
dará el trámite correspondiente. En cuanto a la Fiscalía de Estado compete,
analizamos el probable perjuicio ocasionado a la Provincia de Entre Ríos, así
como las vías para su reparación. Asimismo, gestionamos la liberación del
predio para que las empresas entrerrianas puedan realizar sus operaciones de
comercio exterior, aunque sea provisoriamente hasta regularizar la situación
del depósito fiscal en la Provincia de Entre Ríos”.
“La Comisión de Industria Arrocera del Centro Económico de
San Salvador, pidió reiteradamente la intervención de la Provincia en el caso
dado el pésimo servicio que prestaba la empresa. Además, equipos de algunos
arroceros, especialmente de Marcos Smukler, quedaron dentro del depósito,
secuestrados en la medida judicial”, cerró.
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