El gobierno de la provincia de Entre Ríos, el Instituto
Autárquico de Planeamiento y la Dirección Provincial de Vialidad enfrentan 128
juicios en su contra en el marco de las deudas por la obra púbica que vienen de
la anterior gestión.
Lo que dice el archivo
La mitad de estas demandas ya tienen medidas cautelares y
sentencias, lo que impide el normal desenvolvimiento y el cumplimiento de obligaciones
del Estado.
Por ello, los legisladores entrerrianos están tratando la
declaración de la Emergencia Pública Económica y Financiera en materia de obras
públicas, enviado a la legislatura por el Ejecutivo, y al respecto se refirió
el presidente del Bloque Más para Entre Ríos, Martín Oliva.
Lo que dice el archivo
El integrante de la Cámara Alta por parte de la oposición
adelantó que respaldará la medida, y expresó: “Hemos dado sobradas muestras de
acompañamiento responsable, y esta será una más para evitar que sigan embargando
las cuentas del gobierno provincial y los municipios a raíz del recorte de
fondos al que la Nación está sometiendo a la provincia”.
No obstante, se encargó de aclarar: “La decisión política de
la Nación ha sido muy clara: decirle no a la obra pública y no honrar
compromisos asumidos. Lo que pasa en Entre Ríos sucede en el resto de los
distritos en mayor o menor medida. Seamos claros, en promedio nacional la
inversión pública cayó el 81,1%. Digamos las cosas por su nombre. No fue Gustavo
Bordet, es Javier Milei”.
“En este marco, se hace imprescindible dejar en claro que la
deuda a la que alude el actual gobierno provincial tiene una composición
mayoritaria del Estado Nacional, no del provincial. Y el contexto de crisis se
agrava por la decisión del presidente no solo de no pagar, sino de suspender
financiamiento para obra pública”, completó.
Lo que dice el archivo
A raíz de esto, consideran que es imprescindible
reestructurar las obligaciones y condiciones emergentes de los contratos de
obra pública, cancelar la deuda administrativa y judicial concerniente a la
misma y sus intereses, conforme las posibilidades presupuestarias y financieras
de la Provincia.
En este contexto, el senador del Departamento Uruguay
explicó: “Es por ello que, entendiendo la necesidad de herramientas legislativas
que permitan al actual gobierno enfrentar el ajuste feroz al que el presidente
Milei está sometiendo a todas las provincias, hemos introducido modificaciones
al proyecto elevado por el Poder Ejecutivo”.
Lo que dice el archivo
En un comunicado que arribó a la redacción de INFORME
DIGITAL, se detalla que la declaración de la Emergencia Pública Económica y
Financiera en materia de obras públicas será limitada al 31 de diciembre de
2024, quedando exceptuados los contratos de obra pública celebrados por el
Estado Provincial con organismos internacionales.
Se faculta a las autoridades de los tres poderes del Estado
provincial, incluyendo entes descentralizados, autárquicos, y autónomos, como
asimismo a los municipios y comunas, a disponer unilateralmente o de común
acuerdo, la revisión, rescisión o renegociación de los contratos de obra
pública, como así también, la suspensión o neutralización de los plazos de
obra.
La norma faculta al Poder Ejecutivo a cancelar deudas de
obras públicas con fondos provenientes de las operaciones de crédito
autorizadas por la ley de presupuesto de este año.
Lo que dice el archivo
Finalmente, se suspenden hasta el 31 de diciembre las
ejecuciones de sentencias dictadas en procesos judiciales, como así también, la
traba de medidas cautelares preventivas y/o ejecutivas contra el Estado
Provincial.
De oficio, corresponderá ordenar la inmediata suspensión de las ejecuciones de sentencia y el levantamiento de las medidas cautelares ya dispuestas.
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