Un grupo de gremios y organizaciones sociales, que en su mayoría integran la Multisectorial de Entre Ríos, se pronunció sobre el proyecto ley de emergencia que elevó el gobernador Gustavo Bordet a la Cámara de Diputados
Respaldan los impuestos extraordinarios a bancos, droguerías y propiedades rurales mayores de mil hectáreas, pero advierten que “el pueblo no debe ni puede ser la variable de ajuste” y rechazan el aumento de aportes a la Caja de Jubilaciones de trabajadores activos y pasivos de la provincia.
Lo que dice el archivo
Las entidades firmantes del documento, entre las que están AGMER, ATE, La Bancaria, CTA y Apyme, consideraron “un error volver a poner la lupa de la recaudación sobre los y las trabajadores y trabajadoras”.
“Entendemos la situación de emergencia que atraviesan los países del mundo producto de la pandemia”, afirman, “pero rechazamos de plano que parte de la crisis se descargue sobre los y las trabajadores y trabajadoras”.
Respecto de la reforma provisoria de los aportes personales y previsionales que introduciría la ley, señalan que “el déficit de la caja no es responsabilidad de los y las
trabajadores y trabajadoras, sino de las diferentes gestiones de gobierno”.
Lo que dice el archivo
Y en relación a la justificación para la ley que dio este sábado el gobernador Bordet, referida al impacto de medidas económicas del gobierno de Mauricio Macri, indicaron las organizaciones que “las consecuencias de políticas neoliberales que puso como
horizonte achicar el Estado no debe ser costeado por los y las trabajadores”.
Lo que sí rescatan es que el Proyecto de Ley también busca recaudar entre algunos de
los sectores “de la economía concentrada”.
“Entidades Financieras, Comercio mayorista de medicamentos y superficies iguales o superiores a mil hectáreas. Estos son los sectores, entre otros, que hoy
deben ser solidarios”, apoyan.
Reforma tributaria
El documento pide una reforma integral en la política fiscal de Entre Ríos. Advierten que “el modelo productivo y recaudatorio no puede seguir siendo
el que surgiera con la dictadura. En un documento anterior, publicado el 8 de
junio decíamos que frente a la disminución de la capacidad fiscal y sus
consecuencias sobre las finanzas públicas provinciales, proponíamos la
aprobación del proyecto de impuesto a los bienes personales (conocido como impuesto
a la Fortunas) para los grandes patrimonios”.
Lo que dice el archivo
Proponen “un incremento en las alícuotas del impuesto a los ingresos
brutos a las entidades financieras impidiendo el encarecimiento del crédito, y” una modificación al Impuesto Inmobiliario Rural, “desalentando la especulación
y la existencia de latifundios”.
“La solidaridad con las mayorías es incompatible con los
intereses de los sectores de la economía concentrada”, insisten.
Lo que dice el archivo
El texto completo
La emergencia es con los y las trabajadores y trabajadoras y
el pueblo: Que aporten los grupos concentrados de la economía.
Frente al Proyecto de ley de emergencia que el ejecutivo
enviará a la legislatura para abordar la grave situación económica de la
provincia, consideramos que es un error volver a poner la lupa de la
recaudación sobre los y las trabajadores y trabajadoras. El modelo político de
seguir descargando las crisis sobre el pueblo no puede ser el plan que oriente
las medidas económicas.
El proyecto de ley declara la “emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal,
sanitaria, administrativa, y previsional en el ámbito de la Provincia de Entre
Ríos” con el propósito de garantizar las funciones inherentes al Estado
provincial. Entendemos la situación de emergencia que atraviesan los países del
mundo producto de la pandemia, a la que no es ajena nuestro país ni nuestra provincia. Pero
rechazamos de plano que parte de la crisis se descargue sobre los y las
trabajadores y trabajadoras. La función del Estado debe ser la de protegerlos y
protegerlas con acciones positivas, más aún cuando son quienes están poniendo
todo su esfuerzo en atender los efectos de la pandemia. Esfuerzo que se
evidencia en el sostenimiento de los servicios básicos y esenciales de la
comunidad (salud, comedores, y educación, entre otros) muchas veces costeado
con recursos propios.
En este sentido, creemos que los Artículos 4, 5 y 6 donde se
propone la reforma provisoria de los aportes personales y previsionales, persiguen un objetivo
recaudatorio cuyo acento recae sobre los y las trabajadores y trabajadoras en
actividad y pasivos y pasivas, so pretexto de salvaguardar la Caja de
Jubilaciones y Pensiones mediante la solidaridad y la equidad. Lo hemos dicho a
principios de años y lo sostenemos; el déficit de la caja no es responsabilidad
de los y las trabajadores y trabajadoras, sino de las diferentes gestiones de
gobierno. Las consecuencias de políticas neoliberales que puso como horizonte
achicar el Estado no debe ser costeado por los y las trabajadores y
trabajadoras que se opusieron. Una vez más, el pueblo no debe ni puede ser la
variable de ajuste.
Ahora bien, el Proyecto de Ley también busca recaudar entre
algunos de los sectores de la economía concentrada. Esto lo manifiesta en los
Artículos 7, 8 y 9 donde incrementa los gravámenes de las Entidades
Financieras, el Comercio mayorista de
medicamentos para uso humano, y el impuesto inmobiliario anual, a las
superficies iguales o superiores a un mil (1.000) hectáreas. Consideramos que
estos son los sectores, entre otros, que
hoy deben ser solidarios frente a la crisis provocada por la pandemia.
Pero, al mismo tiempo, sostenemos lo que hemos venido
diciendo en anteriores documentos públicos; el modelo productivo y recaudatorio
no puede seguir siendo el que surgiera con la dictadura. En un documento
anterior, publicado el 8 de junio decíamos que frente a la disminución de la
capacidad fiscal y sus consecuencias sobre las finanzas públicas provinciales,
proponíamos la aprobación del proyecto de impuesto a los bienes personales
(conocido como impuesto a la Fortunas) para los grandes patrimonios. También
sugeríamos redefinir el rol del agente financiero de la Provincia,
en función de asistir y promover las actividades económicas de interés para el
desarrollo productivo regional. Decíamos además que era necesario un incremento
en las alícuotas del impuesto a los ingresos brutos a las entidades financieras
impidiendo el encarecimiento del crédito, y que era urgente rever el esquema
tributario en cuanto al Impuesto
Inmobiliario Rural, desalentando la especulación y la existencia de
latifundios. Señalábamos que otro de los sectores económicos a revisar con
acuerdo de los intereses provinciales son las actividades de la minería, cuyos
mecanismos de asignación de concesiones, permisos de extracción, control de la
actividad y su tributación, debe ser observada teniendo en cuenta la irreversibilidad del proceso extractivo y
sus consecuencias. Y por último, decíamos en el documento del 8 de junio que el
Estado Provincial debía reclamar la reparación histórica por la Represa Salto
Grande que implique mejores costos
energéticos para la provincia, y fomentar una discusión estratégica del uso de
tierras de la provincia, centrada en la producción de alimentos para los y las argentinos
y argentinas.
Seguimos sosteniendo todas estas reivindicaciones porque
estamos convencidos y convencidas que alguien deberá pagar la crisis mundial
producida por la pandemia. Estamos dispuestos y dispuestas a poner todos
nuestros esfuerzos para que sean los sectores que históricamente se
enriquecieron quienes deban pagarla. Pero nos declaramos en contra de cualquier
medida que pretenda descargar la crisis sobre los y las trabajadores y
trabajadoras y el pueblo. La solidaridad con las mayorías es incompatible con
los intereses de los sectores de la economía concentrada.
Firman este documento
las siguientes organizaciones:
ATE (Asociación Trabajadores del Estado)
AGMER CDC (Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos –
Comisión Directiva Central))
AGMER Seccional Paraná
La Bancaria
APYME (Asociación de pequeñas y medianas empresas)
CTA de los Trabajadores
CTA Autónoma de Entre Ríos
CTA Autónoma de Paraná
Multisectorial de mujeres Entrerrianas
CCC (Corriente Clasista y Combativa)
Somos Barrios de Pie
CTEP (Confederación de Trabajadores de la Economía Popular)
La Poderosa
Asamblea Ciudadana Vecinalista de Paraná
CEPA (Corriente Estudiantil Popular Antiimperialista)
Movimiento Ni un pibe menos por la droga
Federación Nacional Campesina de Entre Ríos.
MTE (Movimiento de Trabajadores Excluidos)
Barrios de pie
MTL (Movimiento Territorial de la Liberación)
Sindicato de Ladrilleros
UTEP EVITA ENTRE RIOS (Unión de Trabajadores y Trabajadoras
de la Economía Popular)
Comentarios
0 comentariosSé el primero en comentar esta nota.