El balance del gobierno nacional de la firma del acuerdo
comercial Mercosur-Unión Europea parece ser 100% positivo. Algunos sectores lo
valoran pero admiten que puede acarrear dificultades y moderan su entusiasmo
hasta ver la letra chica. Así es el caso de las pequeñas y medianas empresas, o
en particular de la citricultura entrerriana, por ejemplo.
Lo que dice el archivo
Además, conforme se analiza la realización concreta del
intercambio libre de aranceles, surgen dudas en diversas materias, como la
medioambiental. Andrés Domínguez, docente de Comercio Exterior en la
Universidad de Belgrano y director de RED consultora, explicó que respecto del
cuidado del medio ambiente y la calidad de los alimentos, el acuerdo dice que
las normas que rigen para los alimentos en Europa serán “aplicadas sin
excepción a todas importaciones que entren desde el Mercosur”.
En una nota de La Nación que puede leerse completa en la
sección Entre Ríos en los medios nacionales, el abogado señala que “los
estándares de la Unión Europea no serán relajados de ninguna manera” y señaló
que la UE aplica el “principio preventivo ambiental”, que permite
“tomar medidas para proteger a los humanos, animales, plantas o el medio
ambiente de potenciales riesgos ambientales, aun cuando no exista certeza
científica concluyente”.
Legislación del “Primer Mundo”
La política medioambiental de la Unión Europea se basa en
los principios de “cautela”, “prevención”, “corrección de la contaminación en
su fuente” y “quien contamina paga”.
Según se desprende de la información oficial publicada por el Parlamento Europeo, el principio de precaución “es una
herramienta de gestión del riesgo a la que puede recurrirse en caso de
incertidumbre científica sobre una sospecha de riesgo para la salud humana o el
medio ambiente que se derive de una acción o política determinada”.
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Como ejemplo, la UE establece que “en caso de duda sobre los
efectos potencialmente peligrosos de un producto, y si las dudas persisten tras
una evaluación científica objetiva, pueden darse instrucciones de detener la
distribución de tal producto o retirarlo del mercado. Estas medidas han de ser
no discriminatorias y proporcionadas, y deben revisarse una vez se disponga de
más información científica”.
Mismo criterio entrerriano
El especialista citado por el diario nacional advirtió que este
principio es el mismo que la justicia está usando en Entre Ríos para limitar el
uso de agroquímicos. Y es el criterio que cuestionan con dureza desde las
organizaciones de productores rurales hasta el propio presidente de la Nación,
Mauricio Macri.
Cabe recordar que, en su visita de campaña electoral previa
a las elecciones primarias provinciales del 14 de abril, en la Sociedad Rural
de Gualeguaychú y luego de reunirse con productores, el jefe de Estado denostó
la restricción vigente para fumigar cerca de escuelas rurales.
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Las distancias ratificadas
por el Poder Judicial provincial para aplicar agroquímicos en tierras que
lindan con estos establecimientos son de 1.000 metros por vía terrestre y 3.000
por vía aérea.
En aquella conferencia de prensa, en rigor, el mandatario
nacional confundió el fallo judicial con una presunta ley y habló de “fertilizantes”.
“Pone en riesgo más del 20 por ciento de la capacidad
agroindustrial y productiva de la provincia este fallo irresponsable acerca de
las distancias alrededor de las escuelas en las cuales no se puede aplicar
fertilizantes”, definió el líder de Cambiemos., flanqueado por el entonces
candidato a gobernador, Atilio Benedetti, y el ministro del Interior, Rogelio
Frigerio.
“Esta ley que se ha impulsado en Entre Ríos pone en
peligro el trabajo de muchos entrerrianos y hoy está vigente con un amparo”, añadió.
“El
gobierno de Entre Ríos tiene que tener una posición muy activa y muy clara para
lograr no destruir empleo por una ley absurda que no se basa en ningún rigor
científico”, dijo Macri en Gualeguaychú.
Precisamente, esa falta de certeza científica no es
impedimento, según la Unión Europea, para prohibir la utilización de un producto
si hay “dudas razonables” de que puede dañar el medioambiente o la salud de la
población.
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Pero, además, ese criterio está presente en legislación
nacional argentina. En el artículo 4° de la ley 25.675 de Política Ambiental
Nacional se establece el “principio precautorio”.
El mismo ordena: “cuando haya
peligro de daño grave o irreversible la ausencia de información o certeza
científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de
medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación del
medio ambiente”.
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Disputa judicial y política
Cabe reseñar que la prohibición para fumigar a menos de un
kilómetro por tierra y tres por aire de escuelas rurales rige desde octubre del
año pasado, cuando se hizo lugar al amparo en tal sentido presentado por la
campaña Paren de Fumigar las Escuelas, de AGMER, y el Foro Ecologista.
Aquel
fallo llamaba la atención por el vacío legal sobre las distancias y ordenaba a
la Provincia legislar sobre la materia.
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El gobernador Gustavo Bordet cumplió su parte del
requerimiento y dictó un decreto. Pero fijó distancias de apenas 100 metros por
tierra y 500 por aire, como están dispuestos a cumplir las organizaciones
rurales. AGMER y los ecologistas volvieron a la Justicia y lograron la
anulación del decreto.
Incluso la máxima autoridad judicial de la provincia, el
Superior Tribunal, falló contra las pulverizaciones a menos de 1.000 y 3.000
metros respectivamente.
Por el momento, el gobierno provincial anunció que buscará
ante la Corte Suprema que se permita fumigar con las distancias pedidas por los
productores. Y las organizaciones rurales, por su parte, continuarán con las
protestas. Este miércoles se convocarán en el Túnel Subfluvial de Paraná en una
movilización con respaldo del gobierno nacional.
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