Por si hacía falta tensar más la relación entre el
ministerio del Interior de la Nación y el gobierno entrerriano en materia de “soluciones
habitacionales”, la Casa Rosada concretó la decisión anunciada tiempo atrás y
por la que los mandatarios provinciales, en este caso Gustavo Bordet a través
de las autoridades correspondientes, deberán rendir cuentas al gobierno
nacional sobre quiénes son los ciudadanos beneficiados con viviendas sociales.
Lo que dice el archivo
Con el argumento de “transparentar el otorgamiento” de las
casas que se construyen el marco del Plan Nacional de Vivienda (PNV), el gobierno
nacional aprobó un manual para la gestión de la base de datos de beneficiarios de
viviendas sociales y estableció la “obligatoriedad” de que las
gestiones provinciales presenten, por parte de los institutos de vivienda
provinciales, los listados de adjudicatarios de casas construidas con fondos
nacionales.
Lo ejecutará el ministerio del Interior, Obras Públicas y
Vivienda, encabezado por el jefe de Cambiemos en Entre Ríos, Rogelio Frigerio. La
medida fue publicada este jueves en el Boletín Oficial y lleva la firma del secretario
de Vivienda y Hábitat, Iván Kerr. Nación justifica que busca “evitar la
discrecionalidad” con la que se entregan estas viviendas en las provincias, “sobre
todo en tiempos electorales”, según especulan en la Casa Rosada.
Lo que dice el archivo
El control se hará a través del “Sistema de Gestión de
Beneficiarios (SIGEBE)”, una herramienta creada para gestionar la Base
Única de Beneficiarios (BUB), donde figuran los inscriptos para acceder a esas
casas. Y establece en su artículo 2° “la obligatoriedad de la presentación
de los listados de pre-adjudicatarios y beneficiarios a todos aquellos Entes
(…) que ejecutan soluciones habitacionales financiadas o promovidas con
fondos nacionales”. En el caso de Entre Ríos, el Instituto Autárquico de
Planeamiento y Vivienda (IAPV), a cargo de Marcelo Casaretto.
Los institutos provinciales deberán presentar esa
información dentro de los 20 días corridos desde la entrada en vigencia de la
norma, que castiga su incumplimiento con la “suspensión de los pagos de
los certificados de obra” hasta que cumplan con lo solicitado.
Lo que dice el archivo
Desde la cartera de Frigerio se indicó que “el sistema
requiere que las provincias envíen la documentación en tiempo y forma para que
se efectúen los controles de validación de los procesos de adjudicación de las
soluciones habitacionales” y precisaron que “seis jurisdicciones cumplieron
desde que comenzó a funcionar en enero: Salta, Formosa, Misiones, San Juan,
Santiago del Estero y Tucumán.
Otros distritos como Buenos Aires, CABA, Jujuy, Mendoza y
Corrientes -gobernados por Cambiemos-; más Catamarca, Chubut, Chaco, Córdoba,
La Pampa, La Rioja, Río Negro, San Luis, Santa Cruz y Santa Fe, no enviaron la
documentación o lo hicieron esporádicamente.
Cabe recordar que la Nación financia la construcción de
viviendas sociales para personas que ganan hasta dos salarios mínimos ($21.400
en total), por lo que no cuentan con recursos económicos para acceder a un
crédito hipotecario. Desde el inicio de la gestión de Cambiemos se entregaron
más de 40.000 viviendas en el marco del Plan Nacional y se espera que en 2019
se finalicen otras 25.000, informó El Cronista.
Lo que dice el archivo
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