La titular de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), Alicia Benítez, declaró este lunes por la mañana durante dos horas y media en la causa en la que está imputada junto a empresarios de la construcción por el delito de fraude contra la administración pública, presuntamente cometido en las contrataciones de obras y servicios destinados a la Cumbre del Mercosur que se realizó en Paraná en diciembre de 2014.
La funcionaria, que por entonces era subsecretaria de Arquitectura de la provincia, ejerció como coordinadora General de la unidad operativa que se creó especialmente para atender las necesidades derivadas del encuentro de presidentes, negó ante los fiscales Juan Malvasio y Alejandro Cánepa los cargos en su contra y explicó los procedimientos realizados, consignó Análisis Digital.
La investigación penal preparatoria (IPP) que llevan a cabo los fiscales indaga presuntos sobreprecios y otras irregularidades en contrataciones de bienes y servicios por unos 17 millones de pesos vinculadas a la Cumbre. En la causa también están imputados los empresarios Miguel Marizza, Néstor Szczech, Daniel Hereñú y Rubén Grosso. Los cuatro ejecutivos comparecieron la semana pasada, negaron los cargos en su contra y presentaron escritos.
Feltes, en cambio, expuso respondió consultas de Malvasio y Cánepa durante dos horas y media. “Contestó hasta que se agotaron las preguntas de los fiscales”, señaló su abogado defensor, Santiago Halle. Benítez explicó que la ley especial sancionada para la ocasión “no delimitaba claramente sus funciones. Hace 40 años que trabaja en el Estado, siempre se manejó con la ley de obra pública, que expresa claramente cada aspecto, y nunca tuvo una objeción”, resaltó Halle.
La norma en cuestión no especificaba en qué casos había que proceder con un cotejo de precios o qué tipo de licitación o selección había que realizar ante una contratación. Sí daba un plazo de 24 horas para aprobar o rechazar las distintas ofertas, todas provenientes de la Cámara de la Construcción. Según Benítez, la preselección se realizaba en otro ámbito, a ella le llegaba la cotización y la verificaba de acuerdo a lo que pretendía el Ministerio de Relaciones Exteriores, organizador del evento.
Según reseñó su abogado, la funcionaria explicó que trabajo de forma coordinada con la Cancillería. “Ellos tenían la posibilidad de cotejar (precios) con lo contratado para otras cumbres, es decir que Benítez contaba con ese respaldo, más la preselección que hacía la Cámara de la Construcción, más la aprobación posterior por parte de la Contaduría General de la Provincia. Actuó en ese marco”, graficó Halle.
<i>(Análisis digital)</i>
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