<b>De la redacción de INFORME DIGITAL</b>
El empresario publicista Jorge ‘Corcho’ Rodríguez declaró este miércoles en Paraná como imputado en calidad de partícipe necesario de negociaciones incompatibles con la función pública y peculado, en el marco de la causa que investiga irregularidades en contrataciones para la Cumbre del Mercosur realizada en diciembre de 2014 en Paraná.
Al salir de su declaración indagatoria en el Ministerio Público Fiscal en la capital entrerriana, el mediático ex marido de Susana Giménez negó ante la prensa estar imputado en la causa y se limitó a afirmar que “está todo bien. No se me acusa de nada. No me consta (la imputación)”. Sin embargo, su situación procesal dista en la realidad de sus dichos ante la prensa.
<b>INFORME DIGITAL</b> pudo confirmar con una alta fuente de la investigación, que pidió derecho de reserva, que el ex presidente de la productora de contenidos Nelly Entertainment quedó imputado por negociaciones incompatibles con la función pública y peculado. En su caso, no por haber cumplido tareas en la administración pública provincial, sino como partícipe necesario del delito.
La causa lo toca por cuatro spots televisivos que se contrataron desde el gobierno provincial a su empresa para difundir en medios de todo el país la reunión de presidentes del Mercosur del 2014. En el marco de los preparativos para el evento, el gobierno entrerriano delegó a través de la ley 10.327 una serie de <a href='http://www.informedigital.com.ar/secciones/politicas/nota.php?id=74180&mid=03b' target='_blank'>contrataciones directas</a> a cargo de la Unidad Operativa Cumbre del Mercosur, creada especialmente para resolver en poco tiempo lo que llevaría demasiado según los plazos administrativos normales.
Así lo explicó incluso el propio ex gobernador y actual diputado provincial, Sergio Urribarri, en un escrito que presentó espontáneamente en Fiscalía este miércoles, mediante el cual <a href='http://www.informedigital.com.ar/secciones/politicas/91719-urribarri-se-puso-a-disposicion-de-la-justicia.htm' target='_blank'>se puso a disposición de la justicia</a> para “colaborar” en la investigación. Los fiscales Santiago Brugo y Alejandro Cánepa están detrás de supuestas irregularidades en dichas contrataciones, que en el caso de ‘Corcho’ Rodríguez significaron 28 millones de pesos por los cuatro spots televisivos.
Pese a que se suponían como principal desmanejo en la contratación, los casi $30 millones “están justificados y dentro de valores del mercado”, se afirmó a<b> INFORME DIGITAL</b> desde el Poder Judicial. El problema para Rodríguez es que fue “beneficiario del direccionamiento” de los fondos públicos entrerrianos a través de una negociación incompatible con la función pública, por lo que quedó como partícipe necesario de la operación.
Consultado por los montos, en las puertas del MPF este miércoles por la tarde-noche, Rodríguez aseguró que los $28 millones correspondieron a “una contratación normal, una pauta de publicidad, cursada en todos los canales del país,”.
En tanto, ante la pregunta sobre su condición procesal, el publicista negó su imputación. Esto pese a que se pudo constatar que los fiscales hicieron pintarle los dedos y que un médico forense le hizo un chequeo para corroborar si su salud psíquica le permitía entender el delito que se le imputa, procedimientos habituales para los acusados en la justicia.
“No hay nada que ocultar”, agregó el empresario ante la prensa paranaense. Ante la pregunta por si conoce a las figuras políticas de la provincia más señaladas en este proceso, Urribarri y el ex ministro de Cultura y Comunicación, Pedro Báez, sólo indicó: “no los conozco. Al ex gobernador lo habré visto dos o tres veces, al resto no lo conozco”.
El peculado tiene como pena máxima 10 años de prisión, pero en el caso de quienes ostenten el carácter de partícipes la condena puede reducirse. Por otra parte, desde la Fiscalía esperan poder elevar a juicio la causa antes de fin de año, se anticipó a esta Redacción. El otro imputado en la causa es el actual diputado Báez, que prestó declaración días atrás y se lo acusa por negociaciones incompatibles con la función pública, de las que habría hecho partícipe a Rodríguez, según la hipótesis fiscal.


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