Dejan en manos de la Policía el cobro de las foto multas

La Ley de Tránsito fija el valor de las sanciones en el equivalente al precio de nafta super, de 100 a 1.000 litros.Cuando en la provincia esté resuelta la cuestión de cómo instrumentar el control de velocidad en rutas –en mayo se anunció la adquisición de equipos de medición para el sistema de foto multas– será la Policía la encargada de cobrar las sanciones por infracciones de tránsito que cometan los automovilistas. Sólo en caso de que no prospere la acción administrativa y el eventual infractor se niegue a pagarle a la Policía la multa que le pretende cobrar, actuará la Fiscalía de Estado, organismo que evaluará la conveniencia o no de iniciar el cobro por la vía judicial, según establece un convenio de colaboración rubricado entre ambas áreas del Estado entrerriano relacionado con la gestión de cobro de multas derivadas de la Ley de Tránsito Nacional Nº 24.449, a la cual se adhirió Entre Ríos mediante Ley 8.963. Las multas, según fija la ley, se aplican en el equivalente al precio del litro de nafta super (cuyo costo es de aproximadamente 2 pesos), en valores que van de los 100 a los 1.000 litros. En la ruta 11, ya se instaló cartelería que advierte a los automovilistas respecto de los límites máximos para conducir, y también sobre la pronta instalación de un equipo de radar. CÓMO SE REPARTE. El decreto 1.687, publicado el 27 de noviembre último en el Boletín Oficial, aprobó la vigencia de un convenio de colaboración, celebrado entre la Policía de la provincia de Entre Ríos y la Fiscalía de Estado “para el cobro de multas o sanciones administrativas de carácter pecuniario o accesorios aplicadas por la Policía de la provincia”. El texto indica que la Policía tendrá a su cargo “todas las tareas administrativas previas y que resulten conducentes a los fines de la determinación y/o conveniencia de la ejecutabilidad de las multas o sanciones administrativas, como así también la gestión administrativa tendiente al cobro de las mismas”. El decreto añade que “en caso de fracaso de la gestión administrativa de cobro y evaluada la conveniencia de iniciar la ejecución judicial de la multa, la Policía de la provincia remitirá la demanda la que será promovida por la Fiscalía de Estado, en representación del Gobierno de la provincia de Entre Ríos, con el patrocinio letrado de un abogado de la Policía de la provincia”. Lo que se recaude en concepto de multas se repartirá así: un 70 {10b083c464b21a2e5b96ab7d1950c6efda5949816d8d4b699d6508628a11a647} para la fuerza de seguridad, y el 30 {10b083c464b21a2e5b96ab7d1950c6efda5949816d8d4b699d6508628a11a647} restante para la Fiscalía de Estado. Los honorarios profesionales de los abogados de Fiscalía que actúen en esas causas o apoderado designados por la Policía “serán percibidos por éstos en forma personal”. Aunque la Fiscalía de Estado “podrá proveer procuradores para los juicios que se inicien fuera del departamento Paraná, y a requerimiento de los abogados a los cuales se les otorgue poder”. Pero también la norma estipula que “la Policía de la provincia se encuentra facultada para llevar adelante el cobro extrajudicial de las multas o sanciones administrativas en trámite ya sea dentro o fuera de la provincia”. CON QUÉ CONTROLAN. Otro decreto, el número 1.962, del 25 de abril último, dio también a la Policía facultad para controlar las infracciones de tránsito mediante el uso de las foto multas, que ya ha generado fuertes reclamos a los municipios que lo han venido implementando en los últimos años. En los artículos 7º y 8º de la norma se autorizó al Poder Ejecutivo a realizar el gasto y el correspondiente llamado a licitación para la compra de los implementos necesarios para ponerlo en marcha. El artículo 1º del decreto dejó bajo la órbita de la Policía el registro provincial de accidentes de tránsito, que deberá llevar la estadística de accidentología, seguros y datos del parque automotor, además de concentrar los datos de las licencias para conducir, de los infractores y sanciones. Este registro, puntualiza el texto, deberá ser consultado para cada nuevo trámite en la materia.Asimismo, la norma ordenó a la Policía que a la “brevedad posible” se implemente una licencia de conducir tipo en toda la provincia. Por otra parte, se dio forma dentro de la fuerza a la Dirección de Prevención y Seguridad Vial, que tendrá a su cargo la prevención de accidentes y el control de los accidentes de tránsito, para lo cual se le otorga jurisdicción sobre los puestos camineros de la policía provincial. El decreto además impuso como responsabilidad a la Dirección Provincial de Vialidad que, en el plazo de 60 días, realice una “adecuada señalización vertical y horizontal de todas las rutas y caminos de la provincia”, conforme a la normativa nacional. LímitesLA LEY NACIONAL DE TRÁNSITO FIJA, en su artículo 84º, el valor de las multas que se aplicarán en caso de constatarse alguna infracción. El valor de la multa, dice la norma, se determina en unidades fijas denominadas UF, “cada una de las cuales equivale al menor precio de venta al público de un litro de nafta especial”, hoy en 1,84 pesos aproximadamente. “En la sentencia, el monto de la multa se determinará en cantidades UF, y se abonará su equivalente en dinero al momento de hacerse efectivo el pago”, añade. Para las faltas consideradas leves, se aplicará una sanción de 100 UF, en tanto que para las infracciones de tipo grave, 1.000 UF. Aunque en caso de reincidencia en cometer infracciones graves en el tránsito, las sanciones podrían llegar también a los 20.000 UF. Reedición de un sistema que generó polémicaEl ojo avizor de la Policía actuará en las rutas cuando un automovilista exceda los límites máximos permitidos o realice maniobras no permitidas, como el adelantamiento sin respetar la doble línea amarilla.La Ley Nacional de Tránsito fijó el límite máximo en rutas para los automóviles en 110 kilómetros por hora; para los ómnibus, en 90; y para los camiones, en 80 kilómetros por hora. Durante la segunda administración de Jorge Busti al frente del Poder Ejecutivo, se privatizó el servicio de control de velocidad en rutas, un negocio que entonces quedó en manos del consorcio Alesia-TTI con un valor agregado: la realización del control técnico a todo el parque automotor de Entre Ríos, a un valor de 50 dólares. Corría el año 1998 y si bien el sistema logró ponerse en marcha, al poco tiempo debió abortarse debido a las quejas de los automovilistas, que consideraron excesivo el canon dispuesto para el control vehicular. Alesia-TTI se marchó de la provincia, pero a cambio de rescindir el contrato embolsó 4,6 millones de dólares. Quedó una subsidiaria, Carryson, que siguió operando el sistema de las foto multas, hasta que llegó el cambio de gobierno, y el radical Sergio Montiel echó por tierra con aquel acuerdo, y puso en manos de la Policía el control de las multas en las rutas. No duró mucho la empresa. Al poco tiempo el sistema hizo agua, y entonces fueron los municipios, Paranacito, Nogoyá, Federal, los que tomaron las riendas de los controles de velocidad hasta que las demandas llovieron en la Justicia. (Fuente: El Diario)