“Los
rencores y los odios que hoy soplan en el mundo, desatados entre los pueblos y
entre los hermanos, son el resultado
lógico, no de un itinerario cósmico de carácter fatal, sino de una larga
prédica contra el amor. Ese amor que procede del conocimiento de sí mismo e,
inmediatamente, de la comprensión y la aceptación de los motivos ajenos” (Juan
Domingo Perón, 1949).
El Gobierno Nacional
continúa con su pretensión de desmantelar lo mejor que tiene el Estado
argentino: sus instituciones de salud pública ejemplares como el Hospital
Garrahan, de producción de conocimiento como el Conicet y de protección de los
más vulnerables, como lo son las personas con discapacidad.
Alguna persona distraída
puede pensar que se trata de insensibilidad y necedad, en una interacción
marcada por la necesidad de que les cierren las cuentas. Creemos que no es esa
la explicación, sobre todo cuando vemos, al mismo tiempo que estos recortes
brutales y ataques directos, el incremento injustificable de los montos destinados a inteligencia, que aumentaron un
254% en apenas meses.
Se trata de un plan, de un
programa de gobierno, ampliamente anunciado por el actual Presidente, que
pretende destruir las funciones sociales básicas del Estado y dejar solamente
aquellas que resultan funcionales para los poderes constituidos, para los
sectores afines al poder (especuladores, grandes bancos y empresas extranjeras
extractivistas o sus socias locales).
Las palabras que se
conocieron en estos días, proferidas por el titular de la Agencia Nacional de
Discapacidad (“no es un problema del Estado sino de cada familia”), configuran
un maltrato público inédito y cruel hacia las personas con discapacidad y sus
grupos familiares. Las sociedades que no cuidan a las personas más débiles de
su seno no merecen ser consideradas humanas, y los gobiernos que se
desentienden del destino de ellas serán, más tarde o más temprano, condenadas
por el voto popular y destinadas a llenar las páginas del oprobio de los
futuros libros de historia.
Quizás los brulotes que
cada semana, que cada día, emite el Presidente o algunos de sus funcionarios
ineptos, improvisados o macabros, tienen que ver con el fracaso de su plan: el
Gobierno ha anunciado como un éxito el hecho de que tuvo que salir a mendigar
crédito internacional ofreciendo intereses leoninos en pesos (30 por ciento),
para sostener un plan económico que hace agua por los costados, con su única
prioridad que es llegar a las elecciones de octubre.
En ese marco, las máximas
autoridades de la Nación continúan su prédica de odio entre el pueblo
argentino, tratando de instalar la insidiosa acusación de que los problemas que
padecemos son responsabilidad de otros sectores del pueblo argentino. Montados
en una soberbia inédita, atacan a la salud pública, aspiran a destruir la
producción de conocimiento y a abandonar a su suerte a las personas con
discapacidad y sus familias.
Es necesario recordarle a
las máximas autoridades nacionales que el derecho a la salud se encuentra
consagrado en la Constitución Nacional y en los tratados internacionales
incorporados por ella (art. 75 inc.22). Asimismo, la Constitución Provincial de
Entre Ríos establece en su artículo 19 a la salud como derecho humano, por lo
cual es imprescindible que nuestros representantes obren en ese sentido, y
blinden el acceso a la salud a la población, sobre todo a la más vulnerable.
Al mismo tiempo debemos
proteger nuestro sistema de producción de conocimiento, la labor de nuestros
científicos e investigadores, porque como dijo nuestro primer premio Nobel en
ciencia, el gran Bernardo Houssay, “la ciencia
no es cara; cara es la ignorancia”. Y es imprescindible proteger los derechos
de las personas con discapacidad, abrazarlas y cuidarlas, y no abandonarlas a
su suerte en esa increíblemente egoista, equivocada y patológica versión de la
idea de “libertad” que tiene en su mente y su discurso el Primer mandatario de
nuestro país.
Porque como dice la
inmortal obra de José Hernández, “no tiene patriotismo quien no cuida al
compatriota”.
(*) Senador Provincial
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