El conflicto con los médicos residentes del hospital Garrahan, motivado por los bajos salarios que les ofrece el Ministerio de Salud, ha ganado impulso en los últimos días, sumándose a otras problemáticas sociales a nivel nacional de las que el Gobierno es directamente responsable. En cada caso, la respuesta habitual ha consistido en denunciar irregularidades en las áreas correspondientes, muestra de una postura más rígida que a veces se traduce en agresiones, y, en ciertos casos, ofertas de soluciones que llegan en cuenta gotas.
El viernes por la noche, el Gobierno estuvo a punto de retroceder ante la persistente protesta de los médicos en formación del hospital pediátrico. Milei reconoció que el asunto era “delicado”, aunque lo relacionó únicamente con un exceso de empleo público, señalando a los “ñoquis” del hospital y achacando la herencia al kirchnerismo. En la cartera de Salud, se filtraron amenazas sobre la posibilidad de descontar horas de paro, despedir a los médicos o poner en riesgo la aprobación de las residencias si no cesaban las medidas de fuerza.
Sin embargo, el maltrato pareció desvanecerse por la noche, cuando se supo que la viceministra de Salud, Cecilia Loccisano, había grabado un mensaje para anunciar un aumento salarial para los residentes, que equipararía sus ingresos con los de sus pares de la ciudad de Buenos Aires, pasando de $700.000 a $1.300.000. En su entorno se comunicó que el anuncio se haría esa misma noche, pero finalmente, sobrevino un cambio de planes.
La cartera no explicó el giro en la decisión, aunque afirmaron que el anuncio “va a salir”, sin especificar fechas. Según pudo reconstruir Infobae, el cambio de estrategia fue político. El plan original contemplaba anunciar el aumento a través de las redes del ministerio, en la voz de Loccisano, quien actúa como vocera del reservado ministro Mario Lugones. Sin embargo, una orden modificó esta estrategia, decidiendo que los fondos para el aumento salarial serían asignados por el propio hospital, algo inusual, dado que normalmente es el ministerio quien realiza estos pagos. El oficialismo buscó evitar que la noticia fuera divulgada por los canales oficiales, temiendo que se interpretara como un aumento del presupuesto por encima de lo estipulado en la política paritaria.
Si bien fuentes oficiales confirmaron que la recomposición de ingresos se financiará con fondos del Garrahan, todavía no está claro el mecanismo jurídico que se implementará para llevar a cabo este cambio, ni si será una erogación parcial o total.
Los problemas en la atención de salud infantil se suman a otros frentes sensibles bajo la responsabilidad del Gobierno, como la constante protesta de jubilados frente al Congreso cada miércoles, el conflicto por pensiones para personas con discapacidad y la financiación de universidades públicas.
En cada caso, el Gobierno ha adoptado un modus operandi que consiste en centrarse en las irregularidades de las áreas reclamantes, buscando deslegitimar ante la opinión pública las protestas. Aunque estas irregularidades no representen la totalidad de la situación ni indiquen la existencia de reclamos legítimos paralelos, esta táctica ha resultado efectiva en casi todos los casos.
En el Garrahan, se resaltó la abundancia de empleados públicos por cada médico. En el ámbito universitario, se denunciaron malversaciones de fondos asignados, lo que logró disminuir la indignación social hacia esos reclamos, aunque no evitaron dos masivas marchas. En cuanto a los ingresos de los jubilados, se logró desactivar la atención sobre el tema, e incluso se desestimó el reclamo, señalando a supuestos infiltrados en las marchas.
A su vez, proliferan las quejas sobre la gestión de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS); esta semana, se llevó a cabo una manifestación para denunciar el agravamiento de una crisis que persiste desde hace años, agravada por recientes ajustes económicos. Sin embargo, la respuesta del Gobierno ha sido nula. Cada vez que se discute el presupuesto del ANDIS, se hace referencia a las irregularidades que arrastra el organismo.
La opinión pública se muestra cansada de “los curros”. En el Gobierno son conscientes de ello y no parecen preocuparse por la repercusión de las protestas en la percepción de su gestión. “No estábamos preocupados entonces, no lo estamos ahora”, aseguraron.
Mientras continúan las Marchas de jubilados y la oposición prepara un nuevo proyecto para financiar universidades —tema que no inquieta a los libertarios, según informaron a Infobae—, en el Gobierno se defienden de todas las acusaciones con señalamientos sobre la politización de cada crítica y las irregularidades en esas organizaciones. En el Garrahan, esto no fue la excepción; sin embargo, parece que esta vez estarán dispuestos a ceder ante las demandas de los 241 médicos en formación, quienes perciben un salario por debajo de la línea de pobreza y exigen, desde el inicio de la gestión, unos ingresos acordes con los de sus colegas de la Ciudad.
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