El Gobierno de Mendoza ha presentado ante la legislatura provincial un proyecto de ley que propone cobrar a las víctimas de accidentes en Alta Montaña. Este documento establece como objetivo “disuadir la imprudencia o negligencia” y “promover el cumplimiento de las normas”.
El proyecto, enviado por el Poder Ejecutivo el 9 de abril, busca modificar la Ley N° 6.722, que regula el funcionamiento de las fuerzas policiales en la provincia.
A través de la incorporación del artículo 26 bis, se le otorgaría al Ministerio de Seguridad la facultad de establecer un cargo fijo por los costos de los rescates realizados por la Policía y cuerpos especiales.
El cobro, que no se aplicaría en todos los casos, se determinará en función de factores como los riesgos asumidos, la adhesión a los protocolos y la negligencia asociada, tal como se detalla en el proyecto de ley firmado por el gobernador Alfredo Cornejo.
El monto será establecido anualmente, conforme a la ley impositiva provincial, considerando aspectos como “la cantidad de patrullas desplegadas, la extensión del operativo, la intervención de Vehículos Aéreos No Tripulados (VANT) y/o helicópteros, entre otros”.
El proyecto también menciona que “los fondos recaudados se destinarán al Ministerio de Seguridad y Justicia, y al menos la mitad de ellos se utilizarán directamente para fortalecer y operar la UPRAM”.
Adicionalmente, se busca crear conciencia sobre los riesgos y costos asociados a las operaciones de rescate, fomentando comportamientos más responsables en actividades de alto riesgo, especialmente en zonas montañosas.
Las unidades especializadas incluyen los Cuerpos de Infantería, Montada, Canes, la Unidad Policial de Asistencia al Turista (UPAT), la Unidad Patrulla de Rescate de Alta Montaña y el Cuerpo de Aviación Policial (CAP), entre otros. Este último desempeña un papel importante en operaciones en la Cordillera de los Andes y en la lucha contra incendios. La división de VANT cuenta con 21 pilotos certificados por la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y otros en proceso de certificación.
La provincia posee además 12 drones equipados con visión nocturna, transmisión de voz y autonomía extendida, listos para realizar rescates.
Desde la cartera liderada por Mercedes Rus, se confirmó a MDZ Online que la iniciativa no busca generar cobros por todos los operativos de rescate o búsqueda de personas, sino que se evaluará el despliegue en cada caso: “No es que el Estado vaya a empezar a cobrar todos los operativos de rescate”, afirmaron.
Para determinar la aplicación del cobro, se considerarán factores como los riesgos asumidos por la persona, el cumplimiento de los protocolos de la expedición y el uso de dispositivos de geolocalización o georreferenciación: “Todo esto, junto con la negligencia del caso, será lo que el Estado tendrá en cuenta para decidir si procede al cobro o no”.
Por otro lado, el gobierno provincial no proporcionó detalles sobre el costo promedio de los operativos de rescate, aclarando que el monto a establecer a partir de esta medida no estará directamente relacionado con el costo real de cada operación.
En la determinación del costo de un procedimiento, se deberán considerar aspectos como los salarios del personal de rescate, el equipamiento y su mantenimiento, los costos de conectividad, el valor de los drones, la certificación y formación de sus pilotos, así como las horas de vuelo en helicópteros.
“Un traslado real del costo a la persona no va a ocurrir nunca. El costo sería infinito, por eso esta ley busca establecer un canon que no reflejará el costo del operativo, pero que será representativo”, explicaron.
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