La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) ha expresado su preocupación por la marginación que enfrenta Editorial Perfil, así como otros medios nacionales y regionales, en la contratación de publicidad por parte de empresas con participación estatal mayoritaria, como YPF, Aerolíneas Argentinas y Banco Nación.
La denuncia de ADEPA resalta que Perfil no fue incluido en la lista de medios a los que se les cancelaron deudas contraídas antes del 10 de diciembre de 2023, lo que contradice el principio de continuidad jurídica de los actos estatales.
Ambas situaciones son motivo de inquietud, ya que podrían traducirse en una sanción editorial o en un trato desigual por parte del Estado. Esto va en contra de los principios de equidad, objetividad y proporcionalidad que deberían regir la asignación de recursos públicos.
ADEPA transmitió esta preocupación en una carta enviada en marzo pasado al vocero presidencial, Manuel Adorni, sin que hasta la fecha se haya solucionado el problema.
### La explicación del Gobierno y el documento de ADEPA sobre contratación publicitaria
Diversos funcionarios han intentado justificar la exclusión como una decisión autónoma de “empresas comerciales”. No obstante, esas compañías tienen una participación mayoritaria del Estado Nacional y sus administraciones son supervisadas por ministerios del Poder Ejecutivo Nacional.
ADEPA argumenta que si estas empresas operan bajo criterios exclusivamente comerciales, las contrataciones publicitarias, al igual que cualquier otro bien o servicio, deben seguir una lógica de mercado. La exclusión de medios que sí reciben inversiones publicitarias por parte de empresas de los sectores energético, aerocomercial o financiero constituye un claro indicio de discriminación por razones editoriales.
Como se señaló en el documento de ADEPA publicado en febrero de 2024, la contratación publicitaria de organismos o empresas estatales, independientemente de su forma jurídica, se traduce en operaciones contractuales que implican una contraprestación a valores de mercado.
Se debe evitar, en estas contrataciones, cualquier forma de favoritismo o sanción debido a la línea editorial. Este enfoque ha sido establecido por los estándares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el marco legal vigente.
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