Por medio del Decreto 366/2025, el Gobierno Nacional ha implementado una reforma migratoria significativa, que busca endurecer los criterios para la residencia de extranjeros y facilitar los procesos de deportación de aquellos que cometan delitos en el país. La medida, publicada este jueves en el Boletín Oficial, también establece mayores controles en las fronteras y la regularización de la situación de inmigrantes, entre otros aspectos.
Según lo indicado en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo Nacional ha introducido modificaciones en la Ley de Migraciones N° 25.871, que incluyen la redefinición de las categorías de residencia y la aplicación de criterios más estrictos para la admisión y permanencia de extranjeros en el país. Estas acciones tienen como objetivo evitar la entrada de personas que puedan representar un riesgo para la seguridad pública y asegurar que los inmigrantes que ingresen lo hagan de forma legal, con intenciones claras y legítimas.
La primera modificación afecta al artículo 6 de la ley. Ahora, “el Estado en todas sus jurisdicciones asegurará el acceso igualitario de los inmigrantes a las mismas condiciones de protección, amparo y derechos que disfrutan los nacionales, de acuerdo con los derechos y obligaciones que correspondan a cada categoría migratoria, particularmente en lo que respecta a servicios sociales, bienes públicos, salud, educación, justicia, trabajo, empleo y seguridad social”.
Por otro lado, se estableció que, incluso si su situación migratoria es irregular, deberán “ser admitidos como alumnos en un establecimiento educativo inicial, primario o secundario”, ya sea público o privado.
En cuanto al sistema de salud, se precisó que en caso de emergencia “no podrá negársele ni restringírsele el acceso a la asistencia social o a la atención sanitaria”, y que los “extranjeros residentes permanentes podrán acceder al sistema de salud público en igualdad de condiciones que los ciudadanos argentinos”.
Además, “en los establecimientos que brindan atención sanitaria administrados por el ESTADO NACIONAL, la atención médica o sanitaria habitual solo se proporcionará contra la presentación de un seguro de salud o el pago previo del servicio, conforme a las condiciones establecidas por el MINISTERIO DE SALUD”.
Entre las reformas, se establece que los extranjeros deberán presentar una declaración jurada al ingresar al país, manifestando los motivos de su entrada y comprometiéndose a no desvirtuar dicha información. Asimismo, se ha reforzado el control sobre la documentación presentada por los inmigrantes, exigiendo que sea auténtica y veraz, y se han endurecido las sanciones para aquellos que ingresen de forma irregular o presenten documentos falsos.
En relación con la educación superior, el decreto estipula que las universidades públicas podrán fijar retribuciones para los estudiantes extranjeros que no tengan residencia permanente.
Se reafirmó que la educación de grado en gestión estatal “será gratuita para todos los ciudadanos argentinos nativos o por opción y para todo extranjero que cuente con residencia permanente en el país”. Además, estas instituciones “podrán establecer retribuciones por los servicios educativos para aquellos que no estén incluidos en el párrafo anterior, de acuerdo con los términos del inciso c) del artículo 59 de la presente ley”.
Sin embargo, se aclaró que las personas que no cuentan con residencia permanente podrán acceder y “ser titulares de becas en los casos que sea previsto por los estatutos correspondientes o por convenios entre las instituciones de educación superior de gestión estatal y otros estados, instituciones u organismos nacionales e internacionales, públicos o privados”.
Un punto central de la reforma es la creación de la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión, que tiene como objetivo fomentar la inversión extranjera en el país mediante la concesión de la ciudadanía a quienes realicen inversiones significativas. Esta medida busca atraer capitales extranjeros y generar empleo, contribuyendo así al crecimiento económico de Argentina.
De este modo, las reformas oficializadas en el decreto responden a los crecientes flujos migratorios y a los desafíos económicos, políticos y sociales. Según el Boletín Oficial, el Gobierno de Argentina ha reconocido la necesidad de adaptar su política migratoria a las nuevas realidades, asegurando que el país continúe siendo un destino atractivo para los inmigrantes, pero dentro de un marco legal que garantice la seguridad y el bienestar de todos sus habitantes.
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