El Ministerio de Justicia formalizó este miércoles la cesión de un edificio de 5.000 metros cuadrados dentro del predio de la ex ESMA, destinado a oficinas para fiscales federales. Este anuncio se produce en el marco de la inminente implementación del Código Procesal Penal Federal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, programada para el próximo 11 de agosto. La noticia fue difundida a través de la cuenta de X del Ministerio de Justicia de la Nación.
El ministro Mariano Cúneo Libarona defendió la medida como una reorganización eficiente de recursos, afirmando: “Los espacios que antes eran utilizados para programas ideológicos ahora servirán para combatir la inseguridad”. En consonancia con el discurso oficial de “achicar el Estado”, el funcionario enfatizó que esta decisión no implicará un aumento en la partida presupuestaria.
No obstante, la acción ha generado controversia. La ex ESMA, históricamente considerada uno de los principales sitios de memoria del país, ha sido objeto de críticas por su resignificación con fines administrativos. El edificio cedido cuenta con tres niveles, 20 despachos privados, capacidad para más de 300 puestos de trabajo, auditorio, comedor y estacionamiento, y será reacondicionado para el funcionamiento del nuevo sistema acusatorio federal.
Entre la eficiencia y el peso simbólico
Desde el Ministerio sostienen que se trata de una redistribución de espacios ya existentes. Sin embargo, el conflicto no es de índole presupuestaria. La ex ESMA alberga numerosos espacios destinados a actividades educativas, culturales y de derechos humanos, creados en el contexto del proceso de memoria, verdad y justicia iniciado tras la dictadura. La instalación de oficinas judiciales —sin consulta previa con organismos especializados ni debate institucional— ha generado malestar en sectores vinculados a la memoria histórica.
Referentes del sector han advertido que esta medida podría sentar un peligroso precedente. “Convertir un espacio de memoria en sede administrativa, sin consensos ni resguardos, supone una clara señal de desarticulación simbólica”, manifestaron especialistas. La crítica no se dirige a la implementación del nuevo sistema judicial —un reclamo extendido en el ámbito legal—, sino a la manera en que se llevan a cabo decisiones que alteran significados construidos colectivamente.
Una reforma judicial con efectos políticos
El traspaso del edificio ha sido presentado como parte de un conjunto de medidas orientadas a implementar el sistema acusatorio. Según el Ministerio de Justicia, más de 800 agentes judiciales fueron capacitados en 12 provincias durante este año. El objetivo oficial es brindar soporte técnico al nuevo modelo para que funcione desde el primer día.
Sin embargo, el trasfondo no se limita a la mejora procesal. La implementación del sistema en la Ciudad de Buenos Aires coincide con una narrativa oficial que busca mostrar resultados tangibles en seguridad y gestión. “Vamos a meter presos a los delincuentes”, reiteró el secretario de Justicia, Sebastián Amerio, alineándose con la consigna del Ejecutivo.
La medida, sin embargo, pone de relieve la tensión entre la búsqueda de eficiencia institucional y el respeto por los espacios de memoria. La ex ESMA —reconocida como tal por ley— sigue siendo un símbolo de los crímenes de Estado, y cualquier modificación en su uso exige, para muchos, no solo criterios administrativos, sino también políticos y éticos.
DCQ/ML
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