La trampa de la litigiosidad laboral en Entre Ríos.

Nuestro país tiene un problema que pocas veces se aborda,
pero que repercute de forma directa en las inversiones, el mercado del trabajo
y en las oportunidades que brinda. Se trata de los juicios laborales y el deficiente
funcionamiento de la Justicia en la materia.

Pero en Entre Ríos este problema es aún mayor.

Los datos disponibles muestran que nuestra provincia se
ubica entre las que presentan mayores niveles de conflictividad laboral en
relación a su actividad económica. Esta sobrerrepresentación en los tribunales laborales
impacta sobre las pequeñas y medianas empresas, dificultando la generación de
empleo e inversión.

Por ejemplo, una demanda laboral injustificada contra una
Pyme de pocos empleados puede tener consecuencias devastadoras. Si la empresa
pierde el juicio laboral, el impacto económico puede ser tan grave que la
obligue a cerrar sus puertas, dejando a todos sus trabajadores en la calle y
destruyendo años de esfuerzo y trabajo.

Tenemos que trabajar por una justicia en equilibrio,
comprensiva con los trabajadores, pero también con quienes invierten y apuestan
por generar empleo en nuestra provincia. En Entre Ríos ese equilibrio está roto. Los largos procesos
judiciales y la falta de una mirada que comprenda ambas perspectivas del
trabajo convirtieron a nuestra provincia en un territorio de altísimo riesgo
para quienes invierten y generan empleo.

Resulta impostergable aplicar las reformas pertinentes para
cambiar la situación. La alta litigiosidad laboral de nuestra provincia
desalienta nuevas fuentes de trabajo y perjudica a los trabajadores: más
juicios laborales son menos empleos en blanco, lo que se traduce en menos
derechos y beneficios.

Es fundamental que comencemos a ser plenamente transparentes
sobre la realidad que enfrentamos. Este es un momento crucial en el que la
verdad no puede seguir siendo ignorada ni pospuesta. La responsabilidad de este
cambio recae sobre todos nosotros: desde los legisladores que crean y modifican
las leyes, pasando por los jueces que las aplican, hasta los empresarios que
invierten la economía, los trabajadores que son la columna vertebral de la producción y la sociedad civil que,
como conjunto, debe exigir un sistema más justo y equilibrado.

Hay que dar el primer paso hacia una reforma integral, que
no solo corrija las estructuras ineficientes y desajustadas, sino que también
nos permita recuperar el equilibrio que perjudica a todos: empresarios y
trabajadores.

Si realmente aspiramos a salir adelante, a superar los
obstáculos que nos han frenado hasta ahora, no podemos seguir atados a un
sistema judicial que, en vez de fomentar la productividad y la justicia,
castiga a quienes se esfuerzan por generar empleo y riqueza. Un sistema que, en
lugar de promover el trabajo formal y proteger los derechos de los
trabajadores, crea condiciones que desmotivan y dificultan la formalización del
empleo. Esto solo contribuye a perpetuar la informalidad y las desigualdades.

Entre Ríos tiene un potencial enorme. Nuestra provincia
cuenta con los recursos y las capacidades necesarias para avanzar y prosperar.
Para lograrlo debemos estar dispuestos a enfrentar los temas que se evitan o se
postergan. Debemos abrir el debate, nación y provincia, sobre cuestiones
fundamentales que, aunque suelen ser incómodas, son esenciales para poder
transformar la realidad y construir un futuro mejor para todos.

(*) Diputado Provincial de Juntos por Entre Ríos