El encuentro que tuvieron el pasado miércoles representase
del Ejecutivo entrerriano y autoridades de los gremios docentes de la
provincia, concluyó con las declaraciones de los miembros del Consejo General
de Educación (CGE), Bruno Frizzo y Conrado Lamboglia, anunciando a la prensa
que el lunes 24 de febrero comenzarían las clases en Entre Ríos.
Al mismo tiempo, los funcionarios dijeron que las
negociaciones con los representantes de los trabajadores de la educación por la
discusión salarial seguía abierta, y que iban a reencontrarse el martes 25 del
mismo mes.
Sin embargo, el panorama cambió rotundaemeante, ya que,
menos de un día más tarde, la Confederación de Trabajadores de la Educación de
la República Argentina (Ctera), llamó a un paro de 24 horas justamente para el
lunes, con adhesión de entidades de base de 13 provincias, incluida Entre Ríos, al que la Asociación gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) decidió
sumarse.
Al encontrarse en plena negociación con el gobierno
provincial, el gremio que mayoritariamente nucela a los docentes en Entre Ríos
se veía imposibilitado de tomar una medida de fuerza, considerando que en el
encuentro del miércoles ratificaron su rechazo la propuesta salarial por
considerar que no cumplía las demandas realizadas por el Congreso
Extraordinario, declarando la situación de conflicto y requiriendo la audiencia
que prevé el artículo 16º de la Ley Nº 9.624.
Sin embargo, en el contexto de las demandas nacionales que
comprenden la reapertura de la paritaria y actualización del Fonid y
Conectividad, inversión en infraestructura nacional, refuerzo de las partidas
para comedores escolares y refuerzo alimentario; las cuales motivaron el paro
de Ctera, Agmer resolvió, en el Congreso que sesionó el viernes en Paraná, su
adhesión a la medida, con la movilización provincial a la capital entrerriana.
Mediante un comunicado oficial, Agmer informó además que se
resolvió enviar a los paritarios a concurrir a la audiencia del martes,
insistiendo con la demanda de una propuesta salarial que contenga:
– Incrementos que nos permitan estar por encima de la
inflación del año 2025;
– Actualización de la base de cálculo correspondiente a
dichos incrementos;
– Mecanismos que recuperen las pérdidas salariales del año
2023;
– Correcciones en el Nomenclador que permitan resolver las
distorsiones que se dan en los salarios de las y los trabajadores de la
educación.
En el mismo documento agregan: “Si dicha demanda es
atendida, convocar a asambleas escolares y departamentales para analizarla. »
De lo contrario, mandatar a la Comisión Directiva Central a determinar las
acciones sindicales a seguir”.


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