El STJ creó un Fondo Solidario constituido por un aporte del 50% del básico del salario de magistrados y funcionarios de la provincia. La medida fue dispuesta este lunes durante reunión de Acuerdo y en base al decreto N°486 del
gobernador Gustavo Bordet, que implementó un descuento similar para funcionarios del Ejecutivo.
Lo que dice el archivo
Los magistrados entendieron
que “si bien el STJ no tiene atribuciones para establecer un descuento en los
términos dispuestos por el Poder Ejecutivo en el ámbito de su competencia, a lo
que se agrega la intangibilidad constitucional de las remuneraciones de los
jueces” la situación de emergencia sanitaria “hace necesario efectuar
un aporte solidario”.
“El aporte voluntario será del 50 % del monto correspondiente a la
asignación de la categoría de quienes se encuentran incluidos”.
El mismo será
dispuesto por única vez, y descontado de la remuneración de abril, indica el comunicado del STJ enviado a INFORME DIGITAL.
Quienes se nieguen deben hacerlo explícito
El fondo solidario judicial estará integrado por el aporte individual “de quienes no manifiesten su voluntad en contrario, de acuerdo al mecanismo establecido”, es decir que los jueces y fiscales que se rehúsen a aportar deberán explicitar la negativa.
Lo que dice el archivo
En estos casos el magistrado, funcionario o empleado con remuneraciones equivalentes a dichas categorías debe manifestar expresamente
su negativa al descuento, mediante una comunicación a la Contaduría General. Los que no quieran aportar tienen tiempo hasta el 7 de abril a las 13 horas como máximo para dar cuenta de ello.
Invitación a jubilados y gremios
La Acordada del STJ también invita a los jubilados de las categorías
incluidas a adherir al aporte y solicita a la Asociación Judicial de Entre
Ríos y a la Seccional 12 de la Unión de Empleados de Justicia de la Nación que se gestione un aporte de sus asociados en los términos propuestos.
Lo que dice el archivo
Asimismo se estableció que dicho fondo solidario será
administrado por la Contaduría General del Poder Judicial y “aplicado a las
necesidades que
se establezcan
en forma coordinada con el Comité de Organización de Emergencia
de Salud de crisis”.
La Acordada
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