
La Asamblea de productores agropecuarios entrerrianos se reunió este sábado en Villaguay y emitió un duro comunicado en el que rechazó la Ley de Solidaridad Social del gobierno nacional. Entre los puntos más destacados, los ruralistas rechazaron el nuevo esquema de retenciones impuesto por el presidente Alberto Fernández.
La jornada de debate fue convocada por las entidades gremiales que conforman la Mesa de Enlace de la provincia (Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos -FARER-; Federación Agraria Argentina -FAA-; Sociedad Rural Argentina -SRA-; Federación de Cooperativas -FEDECO-). Además, estuvieron los legisladores nacionales por PRO, Gustavo Hein y Alfredo De Angeli.
Además de productores de distintos rincones de la provincia, participaron del encuentro dirigentes de las entidades de Entre Ríos y de la Mesa de Enlace nacional. Puntualmente, estuvieron presentes -entre otros- José Colombatto y Nicasio Tito, presidente y vive respectivamente de FARER; Elvio Guía y Matías Martiarena por FAA; Walter Feldkamp por SRA y Daniel KIndebaluc por FEDECO (también secretario de Coninagro). En tanto, llegaron especialmente Jorge Chemes por CRA; y Carlos Achetoni, de FAA.
“No vemos hasta el presente que semejante sacrificio solicitado al sector, sea acompañado por los poderes del estado, ni en el ejecutivo, legislativo o judicial vemos proyectos reales que permitan terminar con privilegios o gastos superfluos, sino solo maquillajes o vagas promesas”, señalaron en uno de los puntos de la declaración de la Asamblea.
La Asamblea duró varias horas y allí se expusieron las diversas y complicadas situaciones que enfrentan los productores en la presente coyuntura y se definieron una serie de conceptos y acciones a través del siguiente documento:
- Manifestamos nuestro compromiso con el trabajo, con nuestra vocación productiva, transformadora de la realidad, generando riqueza genuina, base de todo desarrollo económico que permite lograr sociedades prosperas y sin desequilibrios.
- Rechazamos el aumento de la presión fiscal, tanto en los derechos de exportación, como lo establecido por la ley de solidaridad social, y también por la caída del consenso fiscal en nuestra provincia.
- Esta nueva transferencia de recursos del sector productivo, hacia el estado, solo traerá más productores expulsados, representado un claro retroceso social, económico e incluso ambiental.
- No vemos hasta el presente que semejante sacrificio solicitado al sector, sea acompañado por los poderes del estado, ni en el ejecutivo, legislativo o judicial vemos proyectos reales que permitan terminar con privilegios o gastos superfluos, sino solo maquillajes o vagas promesas.



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