Un proyecto de ley que declara la recolección de residuos como “servicio esencial” motivó una manifestación de trabajadores municipales nucleados en el Sindicato único de Obreros y Empleados Municipales (Suoyem) de Paraná y la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales (Festram) a las puertas de la Casa de Gobierno.
Desde el Suoyem aseguraron que la normativa es “inconstitucional” y desde la Festram advirtieron que se trata de “abrir la puerta a una reforma laboral”. Frente al lateral de la Casa Gris que da a calle Santa Fe protestaron trabajadores de la capital provincial y algunos llegados desde distintos puntos de la provincia, como Concepción del Uruguay, Concordia, Ramírez, Diamante, Basavilbaso, Gualeguay y Gualeguaychú.
Lo que dice el archivo
El Senado, de todas formas, aprobó la iniciativa, que ya contaba con media sanción de la Cámara de Diputados por lo que se transformó en ley este jueves.
En declaraciones a INFORME DIGITAL, el secretario de Finanzas del Suoyem paranaense, Fernando García, consideró que el proyecto de
ley que declara los residuos como servicio esencial “es inconstitucional y el trasfondo es cercenar el poder que
puede tener el trabajador para manifestarse y reclamar sus derechos”.
“Lo único que trae aparejado este proyecto es achicar el poder
del trabajador para hablar con el patrón, no mejorar la calidad de la
recolección”, dijo el dirigente de municipales de Paraná.
García aseguró que “los servicios esenciales son otros: agua, patológicos, todo
lo que sea salud. Los residuos n” y agregó que “además, si no tenemos los elementos de trabajo, no se puede
recolectar”. Es que en los últimos meses desde el Suoyem advierten que el municipio no garantiza instrumental y vehículos indispensables para juntar la basura por la ciudad.
Por su parte, Mario Barberán, secretario General de la Festram Entre Ríos, cuestionó en el terreno político que “es muy doloroso porque el proyecto nace de las filas del justicialismo, entre
gallos y medianoche, no nos convocaron nunca para dialogar y los teléfonos
están cerrados”.
“Recorrer cientos de kilómetros para participar de la sesión
de senadores y que en democracia tengamos las puertas cerradas, duele”, señaló el también concejal uruguayense.
“Quieren hacer un adelanto de una reforma laboral neoliberal
y es muy llamativo que lo haga un gobierno justicialista”, observó Barberán.
Finalmente, sobre la constitucionalidad de los residuos como servicio esencial, el dirigente municipal aclaró que “hay jurisprudencia provincial y nacional en contra, e
internacional a través de la Organziación Internacional del Trabajo”.
A su turno, Jorge Brocado, secretario General del Suoyem de Paraná, remarcó que el reclamo es “porque la ley es inconstitucional”. Asimismo, lamentó que en la Legislatura “nos han
cerrado las puertas, parece que estamos en la época de los militares”.
El dirigente paranaense criticó particularmente que solicitaron que una delegación pueda ingresar al recinto y plantear la postura de los gremios a los senadores pero recibieron una respuesta negativa. “Incluso
pedimos permiso para exponer tres o cuatro personas y ni siquiera eso nos
permitieron”, insistió Brocado.
El proyecto
La iniciativa fue de los diputados peronistas Juan Navarro, Gustavo Zavallo y Diego Lara. Declara como servicios esenciales “la recolección de
residuos urbanos, tanto domiciliarios como patológicos, el servicio de
potabilización y distribución de agua y el servicio de transporte público
urbano de pasajeros y el cementerio -la inhumación, cremación, tumulación o
entierro de cadáveres-, en todo el territorio de la Provincia de Entre Ríos”.
Lo que dice el archivo
Define como “servicio esencial” a “aquel que debe ser prestado de
manera obligatoria y continua por quien corresponda, ya sea el gobierno
provincial o local, y que de ninguna manera se puede suspender su provisión de
forma tal que se ponga en peligro la vida, la seguridad personal o la salud de
la totalidad o parte de la población”.
Especialmente en cuanto a las huelgas, el proyecto sancionado dispone que “en aquellos casos en que
por razón de un conflicto de trabajo, las partes decidieran adoptar medidas de
acción directa que involucren actividades que puedan ser consideradas servicios
esenciales, deberá garantizarse la prestación de los servicios esenciales a fin
de evitar su interrupción”.
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