
El Senado nacional convirtió en ley por unanimidad la emergencia alimentaria este martes. La flamante ley prorroga hasta el 31 de diciembre de 2022 las facultades que el Poder Ejecutivo nacional tiene desde 2002 para readecuar partidas presupuestarias y destinarlas a atender nutricionalmente a la población más vulnerable del país. Además, dispone un incremento de emergencia de,
como mínimo, el 50% de los créditos presupuestarios vigentes este año
correspondientes a políticas públicas nacionales de alimentación y nutrición.
Así como sus coprovincianos de la Cámara de Diputados, todos los representantes de Entre Ríos en la Cámara Alta apoyaron la sanción: Alfredo De Angeli, de Cambiemos, y Pedro Guastavino y Sigrid Kunath, del bloque Justicialista.
faculta al jefe de Gabinete, a partir del 1 de
enero de 2019 y hasta que dure la emergencia, a actualizar trimestralmente las
partidas, tomando como referencias mínimas el aumento del rubro “alimentos y
bebidas” del IPC y la variación de la canasta básica medida por el INDEC. Esta
tarea quedará para la próxima gestión.
Durante el debate, senadores del oficialismo y la oposición
coincidieron en que la ley no ataca el problema de fondo, pero observaron que
la coyuntura amerita volver a prorrogarla.
La legisladora por Entre Ríos Sigrid Kunath, manifestó que “es de gran importancia haber podido aprobar esta
iniciativa, ya que urge que el gobierno nacional intensifique y vuelque los
esfuerzos presupuestarios en algo tan básico que es el derecho a la
alimentación de toda la población a lo largo y ancho de la Argentina”.
La senadora agregó que “solicitamos al gobierno nacional que ese aumento llegue a las provincias” y sostuvo que en Entre Ríos el gobierno provincial viene “reforzando progresivamente los recursos destinados a las políticas
alimentarias, además de afrontar el incremento de costos y contrarrestar el
congelamiento de fondos destinados por el Estado Nacional”.
Kunath estacó la gestión de Bordet ante la emergencia alimentaria (archivo)
Kunath especificó que “el incremento de los fondos
enmarcados en el denominado Plan Nacional de Seguridad Alimentaria – Convenio
Abordaje Federal (Tarjeta Social) se debe exclusivamente a un mayor aporte y
un gran esfuerzo que realiza el gobierno provincial”.
“Estas medidas aunque necesarias no aportan soluciones a los
problemas de fondo que tiene el país y será entonces obligación del próximo
presidente que elija el pueblo argentino, el desarrollo de políticas públicas
que generen empleo, incentiven a la producción local, generen inclusión
social y brinden herramientas para salir
de la angustiante situación en la que se encuentra una gran parte de la
población”, concluyó la entrerriana.



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