La devaluación del 30% del peso de comienzos de semana azotó
las cuentas de los municipios entrerrianos. Pero la situación, según analizan
por estos días en sus despachos de finanzas, se agravó con el paquete de
medidas que anunció -sin consultar a ningún otro estamento de gobierno,
cuestionan- el presidente Mauricio Macri durante la semana.
Al igual que se salió a denunciar desde el gobierno
provincial, en las intendencias se advierte que la mayor parte del
financiamiento del pack de políticas destinadas a aliviar al bolsillo popular
proviene de fondos coparticipables de las provincias y, a partir de ellas, de
las comunas.
Lo que dice el archivo
Algunos presidentes municipales ya ajustaron los cálculos y
anticiparon el ajuste que deberán implementar en las ciudades. Lo hicieron con
críticas al gobierno nacional, entre otros, Martín Piaggio, de Gualeguaychú;
Silvia Moreno, de Feliciano; y Claudia Monjo, de Villaguay.
En esta última ciudad, que perderá alrededor de 5,6 millones
de pesos por la reducción de partidas de coparticipación, según estiman en la
intendencia, Monjo se concentrará en que no se resientan los servicios básicos,
como recolección de residuos, provisión de agua potable, servicios de cloacas,
alumbrado público, y limpieza. En cambio, admitió que se deberán retrasar los
plazos de las diferentes obras públicas.
Piaggio, por su parte, también admitió que el recrudecimiento
de la crisis impactará en las obras en curso. El intendente anunció la
paralización de más de diez obras en la ciudad, para atender “situaciones más
urgentes haciendo foco en los niños, las niñas y los adultos mayores”.
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Concordia en emergencia
En Concordia la crisis golpea fuerte el bolsillo de la
población y las cuentas del municipio se ven afectadas con la pérdida de
coparticipación, al igual que las demás.
Sin embargo, en la gestión de Enrique
Cresto consideran que fue una buena movida la declaración de la emergencia
social a comienzos de agosto, que allanó el andamiaje administrativo para la
atención de urgencias sociales debido a la situación económica.
La ordenanza aprobada con polémica prevé la reducción de
cargos políticos, el achicamiento y refuncionalización de estructuras
burocráticas y administrativas y la ratificación del congelamiento de ingresos
a planta permanente.
A partir de la medida Cresto mantendrá, asimismo, “la incorporación de personal únicamente por concurso público, el estricto control de los diversos gastos que diariamente realizan las áreas municipales y el fortalecimiento de los programas sociales”.
Con la ordenanza Cresto quedó facultado para realizar reasignaciones y transferencias presupuestarias entre distintas áreas de gobierno, lo que, según evalúan en la gestión, despeja trabas consideradas burocráticas para destinar recursos de manera más ágil a sectores vulnerables que las requieren con premura, más aún con el agravamiento de la situación económica que se produjo la semana pasada.
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Críticas
La aprobación de la emergencia generó cruces entre el
oficialismo y la oposición. Desde Cambiemos, la edil Magdalena Reta de Urquiza cuestionó,
por caso, que las empresas con deudas se puedan presentar a licitaciones, como
fue admitido en el artículo 7 de la ordenanza.
La concejal indicó que “presentando
una nueva modificación al Presupuesto nosotros lo habríamos acompañado”, sin
necesidad de las previsiones de la emergencia.
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Por su parte, Carlos Rapuzzi, secretario Gremial de la Unión
Obreros y Empleados Municipales de Concordia, advirtió que “quieren tirar a los
viejos por la ventana” por el artículo que habilita a “realizar de oficio los
trámites que resulten pertinentes para que acceda a la jubilación ordinaria el
personal de planta permanente”.
También criticó la posibilidad de comerciantes y
proveedores morosos de ser contratados por la Municipalidad, “cuando a
cualquier hijo de vecino para sacar un carné de conductor debe tener el libre
deuda en condiciones”, manifestó el gremialista.
Desde la administración crestista, en tanto, valoran que con
la emergencia “el municipio pudo atender las crecientes demandas sociales, no
detener la ejecución de las obras públicas adjudicadas y que están en marcha en
este período, y garantizar el equilibrio financiero”.
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