En el marco de la causa por
Asociación ilícita, Defraudación al Estado y Peculado por presuntas contrataciones falsas en la Legislatura provincial, se conoció un contrato de adhesión a un fideicomiso que
vincularía a la titular de la Oficina Anticorrupción a cargo de la investigación, Cecilia Goyeneche, con
uno de los contadores sindicadosa, Pedro Opromolla. También habrían alquilado juntos un departamento.
El contrato de adhesión es a la “construcción al
costo Fideicomiso 9 J165”, celebrado el 17 de marzo de 2015. Junto con un contrato de
locación, celebrado el 30 de junio de 2017, exhibirían una vinculación que
complicaría la investigación.
Según El Diario, en el primer contrato de fideicomiso Goyeneche y Opromola figuran como fiduciantes, en
tanto que Luis Sebastián Orlando Bertozzi y José Lino Churruarin, figuran como
fiduciarios. Bertozzi es el esposo de Goyeneche. Churruarin, en tanto, es el
ex esposo de la vocal de la Cámara de Casación Penal de Paraná, Marcela Badano.
Por otro lado, en el contrato de alquiler de un inmueble
ubicado en calle 9 de Julio de Paraná, la fiscal y el contador figuran como
locadores.
En otro orden, fuentes judiciales resaltaron que Opromola y sus
socios sindicados en esta escandalosa causa aún no fueron inhibidos, como sí lo
fueron Gustavo Hernán Pérez, Roberto Ariel Faure y Sergio Esteban Cardozo,
quienes compartieron tiempo atrás, oficinas en el estudio contable de Opromola,
sito en calle Misiones 276.
Incluso se señaló que Faure y Pérez están privados de la
libertad en la Unidad Penal Nº1 con prisión preventiva. La dirección del
estudio que fue allanado meses atrás no es un dato menor en el entramado que
deberá ser investigado, puesto que allí Goyeneche y Opromola, según la quinta
cláusula del contrato de locación, se comprometieron a pagar los inquilinos por
“adelantado del Primero (1) al Diez (10) de cada mes, el alquiler”, si bien se
dejó aclarado la posibilidad que pueda ser “donde el locador lo indique en el
futuro”.
Lo que dice el archivo
En lo que se pudo conocer en relación al Fideicomiso J165,
del que Goyeneche y Opromola serían “fiduciantes y beneficiarios”, el aporte
dinerario que habrían realizado cada uno consistió en doscientos ochenta y tres
mil novecientos sesenta y ocho pesos, que debió hacerse efectivo antes del 5 de
septiembre de 2016.
Además del pago de “cuatro cuotas mensuales, iguales y
consecutivas” de cuarenta y siete mil trescientos veintiocho pesos, que vencían
cada una el 5 de cada mes, “venciendo la primera de ellas el 10 de octubre de
2016”. Un dato que deberá ser analizado consiste en lo que
prescribe el punto 3.4 del fideicomiso: Manifestación de origen de los fondos.
Las fuentes consultadas indicaron que en el caso de la fiscal Anticorrupción ese punto no acarrearía ningún inconveniente, aclarando
“siempre y cuando en sus declaraciones juradas haya manifestado ese crédito”.
Lo que dice el archivo
En este sentido resultó llamativo que
Goyeneche figura inscripta en AFIP, en el Régimen Simplificado para Pequeños
Contribuyentes, en la categoría A, y la actividad que comprende a los Servicios
inmobiliarios realizados por cuenta propia, un día después de la firma del contrato
de alquiler, el 1 de julio de 2017.
El caso de Opromola sería diferente. El contador figuraría como contratado de la Legislatura
entrerriana. Según El Diario, tiene un contrato en la Cámara de
Diputados.
La
investigación debería determinar si, tal como lo sostiene el Ministerio Público Fiscal,
el origen ilícito de las ganancias que se habrían sustraído de las arcas del
Estado fueron derivadas a inversiones inmobiliarias y a la adquisición de
ganado y otros bienes.Allí, Opromola debería justificar de dónde obtuvo los
recursos para las inversiones que realizó, tal como se está haciendo con otros
imputados y sindicados en la mega causa.
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