Nos encontramos en un
momento crucial para el futuro de nuestra educación y, en este contexto,
nuestro partido debe hacer honor a sus principios, evitar que el veto se
materialice y dar el debate para que el proyecto de presupuesto 2025 contemple
un financiamiento que permita el desarrollo de la educación en el país y no
limite la autonomía universitaria.
La defensa de la educación
pública es uno de los principios inclaudicables del centenario partido y es por
ello que tenemos el compromiso de reafirmar nuestro compromiso con el derecho a
tener una educación superior laica, gratuita, autónoma, cogobernada y de
calidad, lineamientos heredados de la histórica Reforma Universitaria de 1918.
No podemos ceder, debemos
ser coherentes con nuestras banderas y estamos en la obligación moral de
realizar una férrea defensa de las universidades, pilar fundamental para el
desarrollo y el progreso de nuestro país.
En tiempos de crisis de
representatividad, de fuerzas políticas atomizadas y de prioridades cambiadas,
instamos a los correligionarios que nos representan en el Congreso de la Nación
a defender el proyecto de financiamiento universitario que nuestro propio
partido impulsó y echar por tierra la posibilidad de que, al igual que sucedió
con la movilidad jubilatoria, el veto nuevamente triunfe.
Nuestra historia y el
legado de Raúl Alfonsín nos obliga a impedir que el veto avance y a dar el
debate para mejorar el presupuesto destinado a las universidades, que pone en
serio riesgo su financiamiento.
Para el radicalismo
defender la educación pública universitaria y de calidad no es una opción, es
una responsabilidad. Ir por este camino no nos
convierte en degenerados fiscales, sino en una oposición que defiende los
intereses que hicieron grande a nuestra Nación.
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