El Estado

En tiempos “libertarios”, ¿el
Estado podría ser quien se constituya como la máxima expresión de articulación
de relaciones sociales? Según la Carta Iberoamericana de la Función Pública, el
rol del Estado en las sociedades contemporáneas “desde el punto de vista de la
gobernabilidad, el progreso económico y la reducción de la desigualdad social,
es fundamental para el logro de niveles crecientes de bienestar colectivo”.

El
Estado resulta así como el “Pater Familias”, pero de todos, no de unos pocos.
Un ordenador del anarquismo o del estado natural original, para el beneficio
del conjunto.

Cuando a menudo apreciamos
comentarios y acciones directas en contra de la conformación y permanencia del
Estado, pero realzando por otro lado a las “Bases de Alberdi”, la Constitución
de Urquiza y una Nación grande con Mitre y Roca a la cabeza, todo se vuelve un
contrasentido.

En este tiempo complejo y en un cambio de época, hoy más que
nunca el Estado es un instrumento indispensable para el desarrollo humano con
inclusión verdadera, donde para el bien de todos debería imperar la Justicia
Social, algo que lamentablemente hasta es discutido hoy día.

A todo lo mencionado, se suma un
componente nuevo. Contra toda aspiración y necesidad de que se confluya
definitivamente en algún momento en los preceptos de un real federalismo
práctico y no sólo declamativo, en el medio de todo está “la casta”.

¿Y quienes
son la casta? Jorge Lanata, en una nota de su autoría para Clarín, hacía esa
pregunta días pasados. “Los que nosotros decimos que son casta”, respondía un
dirigente de La Libertad Avanza. Interesante afirmación.

Profesionalización y desconfianza

Yendo a la actividad del Estado,
indefectiblemente de la mano de buenas prácticas, debería haber una
profesionalización de la función pública. Se presenta así, como una condición
necesaria para la consecución de fines y objetivos en pos de un mejor Estado en
beneficio de quienes lo conforman, la gente.

Diciendo basta a cierto
amateurismo consuetudinario, con raras excepciones, muchas veces con más ganas
de gestionar las cosas correctamente para ciertos intereses, que hacer las
cosas correctas para el conjunto de la sociedad. Paradógicamente, algo que
afecta a quienes conviven con las realidades de una dinámica estatal muchas
veces estática.

La profesionalización se muestra
como un garante para el desempeño de la “posesión por los servidores públicos
de una serie de atributos como el mérito, la capacidad, la vocación de
servicio, la eficacia en el desempeño de su función, la responsabilidad, la
honestidad y la adhesión a los principios y valores de la democracia”, según la
mencionada Carta Iberoamericana de la Función Pública.

Se entiende, además, a
la expresión “función pública”, con el equivalente a la de “servicio civil”,
utilizada preferentemente en algunos países de Iberoamérica. En este sentido,
se acepta que “todas las alusiones y referencias a la primera se consideran por
tanto indistintamente aplicables al otro término”.

A todo esto, hay que tener en
cuenta un dato no menor. Nueve de cada diez personas en la región desconfían
del prójimo según señala el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Un
informe de este organismo, deja claro y evidente que “la confianza es el problema
más acuciante y, sin embargo, el menos abordado al que se enfrenta América
Latina y el Caribe.

Ya se trate de los demás, del gobierno o de las empresas,
la confianza en la región es menor que en cualquier otra parte del mundo. Las
consecuencias económicas y políticas de la desconfianza se propagan a toda la
sociedad”. Según este informe, la desconfianza de los ciudadanos en el sector
privado y público se presenta como un obstáculo para el crecimiento.

A la inversa, casi como causa y
efecto, donde todo va entrelazado y de la mano, una encuesta sobre miles de
funcionarios públicos de América Latina y el Caribe reveló: “que la
desconfianza dentro de las agencias públicas y su desconfianza hacia los
ciudadanos reduce la capacidad del sector público para satisfacer las
necesidades de los ciudadanos, incluido un entorno regulatorio propicio para el
crecimiento y la inversión”.

El documento del BID pretende orientar con su
contenido “a los responsables de la toma de decisiones en su esfuerzo para
incorporar la confianza y la cohesión social en las reformas integrales
necesarias para abordar los retos más difíciles de la región”.

Transparencia y eficacia

Volviendo al rol del Estado y la
función pública en las sociedades contemporáneas, con el fin de generar mejores
condiciones de acceso a posibilidades de desarrollo humano verdadero, según la
Carta Iberoamericana de la Función Pública, se requiere “que la gestión del
empleo y los recursos humanos al servicio de los gobiernos incorpore los
criterios jurídicos, organizativos y técnicos así como las políticas y
prácticas que caracterizan a un manejo transparente y eficaz de los recursos
humanos”.

También dejan en claro que “la
eficacia de los principios, procedimientos, políticas y prácticas de gestión
que configuran un sistema de función pública requiere que todos ellos sean
debidamente contextualizados en el entorno institucional en el que deben
incardinarse y operar.

Los requerimientos derivados de la historia, las
tradiciones, el contexto socioeconómico y el marco político de cada realidad
nacional son factores que condicionan los contornos específicos de cualquier
modelo genérico”.

Contextualizando, en relación al
Estado, su rol, puntualmente en el año del 30° Aniversario de la última reforma
de la Constitución Nacional y de nosotros como Ciudad de la Jura. Tales son los
objetivos de esta Carta Iberoamericana de la Función Pública que constituye un
referente común en materia de función pública propiamente dicha y respecto al
rol del Estado. Creo que nadie podría estar en desacuerdo con todo lo que
expresa dicho documento.

Ahora bien, ¿saben de cuando data esta Carta? Del año
2003. Para pensar, ¿no? Recordemos que detrás de todo, además de todo,
relacionado a todo, está la gente. Lo único que debería importarnos.

(*) Abogado. Concejal 2023-2027.
Vicepresidente 1° HCD. Presidente del Bloque Concejales PJ 2023-2027. Apoderado
del Consejo Departamental PJ Uruguay. Secretario de Gobierno 2019-2023.
Concejal 2015-2019. Presidente del Bloque Concejales PJ 2017-2019. Presidente
Comisión Hacienda y Presupuesto 2015-2019. Decano del Colegio Mayor
Universitario de Santa Fe 2003-2004.