No era la ruta K, era la ruta M

La solicitud, forzada por la falta de pruebas, del fiscal
Marijuan para la absolución de Cristina Fernández de Kirchner, y la decisión de
sobreseimiento dispuesta por el Juez Casanello, ratifican que esa determinación
se debió a la ausencia de elementos probatorios. Buscaron de muchas maneras,
las inventaron, generaron show mediático, con actuaciones de Jorge Lanata,
Leonardo Fariña y Elisa Carrió y demás, con coberturas de excavaciones, con
allanamientos y escaneos en viviendas particulares, con mentiras sobre cuentas
en el exterior e incluso queriendo intervenir en el Mausoleo donde descansa su
compañero de vida, Néstor Kirchner. Fue vergonzoso todo el proceso.

Hay dos cuestiones que son claves y que impactan plenamente
en el funcionamiento de la Justicia, y se vinculan al formato de persecución
sistemática contra Cristina y todo lo que se asemeje a posicionamientos que
defienden los intereses y los derechos de nuestro pueblo.

Una razón tiene que ver con el tiempo, porque nada se parece
más a la injusticia que cuando la justicia demora. Queda efectivamente una gran
deuda respecto a Cristina, pero también a quienes vivimos con vergüenza y
bronca todo un proceso caracterizado por el cúmulo de acusaciones, que aún hoy
la siguen afectando, porque esto es solo una parte de la persecución.

La segunda cuestión tiene que ver con la parcialidad, porque
dentro de todo este proceso de investigación no pudieron encontrarse pruebas
contra Cristina. Sí se encontraron pruebas contra Mauricio Macri. De hecho, la
Oficina Anticorrupción ha hecho denuncias en julio de 2022, producto de un
proceso de investigación donde la consistencia de los fundamentos, sobre lavado
de activos y ocultamiento de coimas, ratifican el valor de estas pruebas que
fueron presentadas a la Justicia, aunque ninguna de esas denuncias vinculadas a
Macri avanzó.

Acá tenemos a Cristina, sobreseída después de un martirio de
diez años, de mentiras tras mentiras, pero con lo significativo del factor
tiempo que deja una gran deuda a Cristina, al país y a la Democracia. Por eso,
necesitamos el esclarecimiento real de toda esta persecución, y de las
responsabilidades de la mafia judicial y del macrismo en cada una de las
operatorias y su campaña de odio.

Quienes tenemos responsabilidad en la gestión o en la
representación política no estamos exentos de investigaciones. Una funcionaria
o un funcionario deben responder, estar a derecho y presentarse, tal  como hizo siempre Cristina, incluso yendo a
ocho indagatorias en un día con el juez Bonadío. Pero el factor tiempo es
determinante, con esa morosidad perversa, donde mientras se regodeaban entre
pruebas inventadas, que nos pasaban todos los días en la televisión, escondían
la verdad de la inocencia.

Por eso es necesario repudiar

la morosidad del 
poder judicial y sus efectos de condena previa, al mismo tiempo que su
antidemocrática parcialidad, que hace la vista gorda, ante los delitos de Macri
y sus cómplices.

(*)

Diputada Nacional por el Frente de Todos