El Colegio de Abogados de Entre Ríos ante el proyecto de ley de reformas en la Justicia

La justicia argentina se encuentra en crisis y muchas
cuestiones deben reformarse para que la ciudadanía argentina pueda recuperar su
confianza en este servicio público imprescindible en una democracia moderna. La
conflictividad social, la petición y reivindicación de los derechos, solo se
resuelven necesariamente ante los jueces de la república. Asimismo, el Poder
Judicial interviene en su función de control en nuestro sistema institucional
de frenos y contrapesos.

El Presidente de la Nación ha presentado ante la sociedad y
el congreso su proyecto de reformas de la justicia, limitado solo al fuero
penal.  Una vez más un proyecto que nace
del poder político sin haber sido precedido de un profundo y transparente
debate social. 

El proyecto se concentra en la reconfiguración de la
justicia penal federal de la ciudad de Buenos Aires, la creación de nuevos
juzgados federales con competencia penal en las restantes provincias argentinas
y la conformación de una comisión especial para estudiar el funcionamiento de
la Corte Suprema, el Consejo de la Magistratura, el Ministerio Público y el
instituto del juicio por jurados.

Lo que hemos observado del proyecto es que en la
jurisdicción de Entre Ríos se crearían nuevos juzgados federales con
competencia penal.   Ya el estado
nacional ha adoptado el sistema penal acusatorio a través del nuevo Código
Procesal Penal Federal (Ley 27.063), pero con una implementación escalonada por
provincias. A su vez, la comisión creada tratará el funcionamiento del
Ministerio Público, siendo ésta la parte que asume la investigación y la
acusación y la que necesitaría ineludiblemente una transformación cuantitativa
importante.

La crisis económica de nuestro país también afecta a su
servicio de justicia.  En octubre pasado
el Consejo de la Magistratura declaró la emergencia judicial en los aspectos
edilicio y tecnológico, rubros esenciales para brindar un adecuado servicio. La
abogacía organizada lleva décadas reclamando mejoras presupuestarias para personal,
para edificios y para renovar la tecnología, hoy tan imprescindible. La
suspensión de obras en la futura sede del Juzgado Federal de Paraná (ex Comando
de Brigada) sirve como un ejemplo de la inexistencia o escasez de fondos
suficientes. La pregunta que nos hacemos todos los operadores del sistema
judicial es de dónde provendrán esos necesarios rubros presupuestarios.

El Consejo de la Magistratura de la Nación es un órgano que
debe ser revisado legalmente. Nuestra Federación Argentina de Colegios de
Abogados (FACA) ha impugnado constantemente la desequilibrada composición que
afecta su diseño constitucional, a través de acciones judiciales y también con
la presentación de un proyecto de ley.  
Hace más de diez años que el Consejo es el campo de batalla de los
circunstanciales sectores oficialistas/oposición que se alternan para dominar
la selección de candidatos a magistrados y funcionarios, para analizar la
conducta de los mismos y para administrar el presupuesto de la justicia
nacional y federal. Su composición y su parsimonioso funcionamiento es una
deuda con la ciudadanía argentina.

Ha sido siempre una política de nuestra institución ponerse
a disposición de los legisladores nacionales entrerrianos a los fines de
aportar institucionalmente nuestra perspectiva desde la abogacía con
especialistas en cada materia y así en esta oportunidad lo ofrecemos.

Nuestra pretensión es que haya una reforma a todo el sistema
judicial con la finalidad de lograr esencialmente el acceso a la justicia,
fundamentalmente a los sectores en situación de mayor vulnerabilidad social y
jurídica; la tutela judicial efectiva, continua y expeditiva que brinde
seguridad a la ciudadanía; y el respeto al principio de Independencia de los
magistrados y funcionarios judiciales; como garantías a los argentinos de una
justicia democrática.   Con esos fines,
ineludiblemente se debe convocar a participar a la abogacía argentina
organizada, a la misma Corte Suprema, a las asociaciones de magistrados y
funcionarios y a los trabajadores judiciales, entre otros sectores más, quienes
deben realizar sus aportes en base a la experiencia diaria del funcionamiento
del sistema judicial.

Debemos todos reconstruir la real independencia de los
magistrados y funcionarios, como garantía de justicia y lograr revertir esa
desconfianza con la que hoy se defiende la ciudadanía. Tenemos la esperanza, y
así también lo peticionamos, que solo el diálogo transparente e inclusivo y la
razonabilidad argumentativa pueden obtener el necesario consenso constitucional
para mejorar el sistema de justicia argentina.

(*) Colegio de Abogados de Entre Ríos