Mohamed Bin Salmán desafía en Buenos Aires las denuncias por la guerra de Yemen

Mohamed Bin Salmán ya está en Argentina. Ha sido el primer
líder extranjero en llegar a Buenos Aires, donde el viernes y el sábado
participará de la cumbre del G20. El príncipe heredero saudí no parece
preocupado por la denuncia presentada por la ONG Human Rights Watch (HRW) ante
la justicia argentina para que sea detenido por presuntos crímenes de guerra
cometidos por su país en Yemen. Apenas en tierra, su comitiva, integrada por
400 personas, atravesó toda la ciudad con tránsito despejado hasta la Embajada
de su país, un palacete de estilo francés en el que se alojará y que linda con
la legación de España. En el aeropuerto lo recibió el canciller argentino,
Jorge Faurie. La denuncia de HRW quedó en manos de un fiscal federal, quien
ahora deberá recolectar las pruebas que luego analizará un juez. Bin Salmán
puede estar tranquilo: la complejidad del trámite y su estatus diplomático
neutralizan cualquier posibilidad de detención.

El fiscal Ramiro González ha iniciado este miércoles el
trámite contra Bin Salmán. El primer paso ha sido pedir al juez Ariel Lijo, a
cargo del expediente, que consulte si el príncipe heredero tiene “procesos
en trámite en el Reino de Arabia Saudí y la República de Yemen” relacionados
con la denuncia de HRW y que tome las medidas “relativas a determinar el
estatus del príncipe Mohammed bin Salman”. Son pasos imprescindibles. La
Constitución argentina reconoce la jurisdicción universal para juzgar crímenes
de guerra y torturas, pero siempre que no haya investigaciones en curso en el
país de origen.

La denuncia contra Bin Salmán fue presentada el lunes por el
director ejecutivo de la HRW, Kenneth Roth. El argumento de la ONG es que
Argentina debe intervenir porque los presuntos crímenes de guerra cometidos por
el Ejército saudí en Yemen están impunes. Bin Salmán podría ser responsable de
esos delitos porque es ministro de Defensa del Reino. Al mismo tiempo, HRW hace
referencia a la posible implicación del príncipe en la muerte del periodista
Jamal Khashoggi en el Consulado saudí en Estambul.

“Las autoridades judiciales deberían evaluar el papel
de Mohamed Bin Salmán en posibles crímenes de guerra cometidos por la coalición
liderada por Arabia Saudí en Yemen desde 2015”, afirmó Roth en un texto subido
a la web de la organización. “La participación del príncipe heredero en la
cumbre del G20 en Buenos Aires podría permitir que las víctimas de abusos que
no lograron que se haga justicia en Yemen o Arabia Saudí puedan obtenerla en
los tribunales argentinos”, agregó. El intento de HRW tiene como antecedente
más reciente la causa que la jueza federal argentina María Servini de Cubría
sigue en Buenos Aires por los crímenes cometidos en España durante el
franquismo.

El director de la División América de HRW, José Miguel
Vivanco, dijo que las diligencias realizadas por el fiscal argentino son un
reconocimiento a “la validez de la jurisdicción universal y la obligación
de los estados de investigar este tipo de crímenes. “Esperamos que el
proceso se haga con la mayor agilidad, como dice la propia resolución, que
invoca el principio de economía procesal en beneficio de la justicia”, agregó
Vivanco. El juez Lijo aceptó enseguida las sugerencias del fiscal y ya solicitó
informes a Yemen, Turquía y también a la Corte Penal Internacional sobre
eventuales procesos contra Bin Salmán.

En cualquier caso, el principe saudí no verá alterada su
agenda en Buenos Aires. Bin Salmán no puede ser arrestado durante la cumbre
porque se encuentra en “misión diplomática especial”, es decir, que es un
enviado oficial con rango de jefe de Estado amparado por la Convención sobe
Misiones Especiales, un acuerdo que data de 1969.  Para Vivanco, “a la luz de las decisiones
tomadas por la justicia argentina, el gobierno debería revocar la imunidad
especial de Mohammed bin Salman si no quiere dar la impresión de que esta
blindando de la justicia a un alto funcionario denunciado por crímenes
atroces”.

(*) Periodista corresponsal de El País América. Artículo
publicado originalmente el jueves 29 de noviembre en el diario El País de
España.