La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, decidió dar de baja 4.588 planes Potenciar Trabajo, porque los beneficiarios eran empleados públicos. El número surgió a partir de una investigación del fiscal Guillermo Marijuan, que cruzó las bases de datos del programa -que ahora controla la nueva cartera de Capital Humano- con las planillas de empleados públicos de 14 provincias. El resto de los distritos todavía no enviaron sus datos.
De esta manera, Pettovello decidió conducirse por un carril
distinto al de la ex ministra Victoria Tolosa Paz que fue imputada junto a
Pérsico por el fiscal Marijuan en al menos dos causas anteriores, por no dar de
baja a los beneficiarios que cobraban ese plan social por fuera de las normas
establecidas, por ejemplo, las 160 mil personas que viajaron al exterior en
aviones privados, yates, autos y aerolíneas. La funcionaria de Javier Milei
también ordenó una “auditoría de cero” para saber dónde está parada, ya que la
información que dejaron en la Secretaría de Economía Social, que estaba a cargo
del dirigente del Movimiento Evita es, como mínima, muy escasa, y poco
confiable.
Según detallaron desde el Ministerio, las 14 provincias
investigadas hasta el momento son Mendoza, Misiones, Entre Ríos, Tucumán, Río
Negro, Jujuy, Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Corrientes,
Formosa, Salta y Santa Cruz.
Marijuan solicitó en noviembre las bases de datos de los
trabajadores estatales de las 23 provincias Argentinas y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, para cruzarlas con el padrón del plan social. Pero no todas
contestaron. Algunas ya fueron intimados por segunda vez.
En su investigación preliminar el fiscal los acusa de “la
realización de presuntas maniobras ilícitas que podrían encontrar adecuación
típica en el delito de defraudación contra la Administración Pública”. También
apunta contra los funcionarios públicos nacionales y provinciales que “sus
acciones u omisiones han permitido o facilitado la comisión de estos fraudes
contra el Estado Nacional, conductas que, en principio, encuadrarían en el
delito de violación de los deberes de funcionario público”.
Durante la administración Fernández el programa social, que
era administrado desde el área de Emilio Pérsico dependió de manera directa de
los ministros Daniel Arroyo, Juan “Juanchi” Zavaleta, y Victoria Tolosa Paz. El
dirigente del Movimiento Evita estuvo a cargo del Potenciar Trabajo a lo largo
de todo el gobierno del Frente de Todos.
Según reconstruyó Infobae de varias fuentes directas, la
ministra se habría comunicado con la fiscalía para ponerse a disposición y
solicitar el listado de presuntas incompatibilidades para comenzar a trabajar
en una resolución para dar las bajas que correspondan.
El titular de la Unidad Fiscal para la Investigación de
Delitos relativos a la Seguridad Social, ya envió su investigación preliminar a
los fiscales federales de turno de las provincias y solicitó la “suspensión y/o
baja de planes sociales”, en el marco de la investigación preliminar que
instruye caratulada como “Caso Coirón Nro. 234746/2023″.
El monto no es despreciable. Uno de los ejemplos tomados por
la fiscalía federal fue la provincia de Jujuy, que con sus 652 presuntas
incompatibilidades el gobierno de Alberto Fernández “destinaba en este caso,
tal como se pone en evidencia en la descripción de los hechos, los
beneficiarios involucrados ocultaron su condición de empleados del Gobierno de
la Provincia de Jujuy, ya sea al momento de la solicitud del plan o durante la
vigencia del mismo, a fin de acceder o mantener indebidamente el cobro del
Programa Potenciar Trabajo”, describe la fiscalía y resalta que: “A través de
la maniobra desplegada se provocó un error en el entonces Ministerio de
Desarrollo Social de la Nación que, creyendo que se encontraban cumplidos los
requisitos exigidos por la normativa, otorgó los beneficios solicitados o
mantuvo la vigencia de los ya vigentes, generándose así un desprendimiento de
fondos indebido que asciende a la suma aproximada de $50.800.000 mensuales”.
Esto es $609.600.000 anuales.
El programa tiene como objetivo “promover la inclusión
social de las personas que se encuentren en situación de alta vulnerabilidad
social y económica”, según lo establece las resolución que creó en 2020 el
Potenciar Trabajo, y sus modificatorias 1625/2021 y 1868/2021 del entonces
Ministerio de Desarrollo Social.
La normativa destaca que una de las incompatibilidades para
recibir el plan es “la existencia de empleo formal registrado, a excepción de
los trabajadores temporarios o estacionales conforme lo contemplado”.
A su vez, se puntualiza como incompatible “el ingreso y la
permanencia en el Programa para aquellas personas que realicen alguna
prestación social y/o de empleo en el estado provincial, municipal o en
organizaciones no gubernamentales cuyas tareas suplante la actividad propia de
los empleados de los mismos”.
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