Un nuevo escándalo envuelve a la política estatal de asistencia para desempleados, denominado Potenciar Trabajo. El fiscal federal Guillermo Marijuan investiga a los empleados públicos de las 24 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que, en paralelo, son beneficiarios del programa más importante del ex ministerio de Desarrollo Social, que ahora está administrado por la Secretaría de Niñez y Familia, en la órbita del ministerio de Capital Humano.
Si bien los datos que hasta el momento recibió el funcionario judicial son parciales porque no todas las provincias respondieron, ya se puede afirmar que existen, como mínimo 5.000 incompatibilidades.
En las últimas horas el fiscal envió un oficio con “apercibimiento del incumplimiento de funcionario público” a los gobernadores que hasta ahora no enviaron las bases de datos de sus empleados públicos, ordenada por Marijuan a principio de noviembre.
Solo 9 provincias cumplieron con la demanda judicial. Las otras 15 no lo hicieron: Catamarca, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, Mendoza, Misiones, Neuquén, San Juan, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. A la nómina se debe sumar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En la fiscalía los investigadores evalúan dos posibilidades: “o no quieren dar a conocer los datos porque es un hecho escandaloso y que va contra la normativa del Potenciar Trabajo – que establece que la persona que consigue trabajo mientras lo está cobrando queda automáticamente suspendido en su cobro” -, o “están atrasados por las elecciones y el cambio de gobernadores en varios distritos”.
Las incompatibilidades
Hasta el día de hoy, y en base a los entrecruzamientos ordenados por el titular de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos relativos a la Seguridad Social (UFISeS), y que se realizó con la nómina de empleados públicos de las provincias que respondieron, y realizado por el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS) surgen que como mínimo existirían 4.656 incompatibilidades y en condiciones de ser dados de bajo.
En la provincia de Buenos Aires, en la cual fue reelecto Axel Kicillof, se registran 809 empleados públicos que a su vez cobran el programa social. El dato es parcial porque apenas corresponde a la nómina del ministerio de Seguridad, a cargo de Sergio Berni.
En Buenos Aires optaron por que cada repartición envié la base de datos de sus empleados en vez concentrarla en una sola, con lo cual la investigación se hace mucho más lenta y tediosa.
En Córdoba se contabilizaron 194 beneficiarios del plan
social, que además son empleados provinciales. En Corrientes fueron 518 las
posibles incompatibilidades. Según la base de datos enviada por la provincia de
Formosa, allí existiría 180 personas en condiciones de ser dadas de baja, un
hecho que, según la normativa del Potenciar Trabajo, el hecho debería ser
automático.
En La Rioja se registran 303 empleados que cobran el plan y
757 contratados, lo que da un total de 1.060 de potenciales incompatibilidades.
En Río Negro el registro de posibles bajas es de 198 y en
Salta, 434. En Santa Cruz las incompatibilidades fue de 128.
Hasta ahora la provincia de Tucumán es la que más empleados
públicos registra cobrando el Potenciar Trabajo : son 1135 de acuerdo al
análisis realizado. El distrito, no obstante, podría ser ampliamente superado
por la gobernación a cargo de Kicillof ya que en un solo ministerio se
registraron 809 posibles irregularidades.
En ese marco, los investigadores intentan dilucidar algunos
interrogantes: ¿Trabajaban estas personas en una Unidad de Gestión dependiente
de la propia provincia o cooperativa de algún movimiento social? ¿O es un pago
que recibían por actividades políticas-partidarias? ¿O no sabían que figuraban
en la nómina del Potenciar Trabajo y un puntero político, dirigente, o
piquetero se quedaba con el dinero? ¿O iba a una caja negra para gastos de
campaña o a bolsillos negros?
Un hecho sí es determinante y no merece discusión, estas
casi 5.000 personas no deberían cobrar la asistencia del Estado porque no
cumplir con las exigencias del programa, que tiene como objetivo “promover la
inclusión social de las personas que se encuentren en situación de alta
vulnerabilidad social y económica”. Y “según lo establecen la Resolución y sus
modificatorias (Res. 1625/2021 y 1868/2021 MDS) el beneficio está destinado a
personas físicas que se encuentren en situación de enorme vulnerabilidad
económica, con la finalidad de promover su inclusión social y el mejoramiento
progresivo de sus ingresos”.
Entre las irregularidades la normativa destaca un
impedimento para recibir el beneficio es “la existencia de empleo formal
registrado, a excepción de los trabajadores temporarios o estacionales conforme
lo contemplado”.
De seguir esta tendencia, el número de bajas que podría
solicitar Marijuan al finalizar su investigación superaría las 20.000, según
fuentes judiciales.
A su vez, se puntualiza como incompatible “el ingreso y la
permanencia en el Programa para aquellas personas que realicen alguna
prestación social y/o de empleo en el estado provincial, municipal o en
organizaciones no gubernamentales cuyas tareas suplante la actividad propia de
los empleados de los mismos”.
Además, la normativa vigentes indica que: “La misma
reglamentación establece que la pérdida o modificación de la condición de
vulnerabilidad social del titular acreditado al momento del ingreso, al igual
que la falsedad de las declaraciones juradas debidamente constadas conllevan al
egreso del Programa (conf. Res. 1868/2021 MDS)”.
Los que incumplieron
Hasta ahora quienes no brindaron información a la fiscalía y
ya fueron intimados son: la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias de
Catamarca, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, Mendoza, Misiones,
Neuquén, San Juan, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero y Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Los antecedentes
El 25 de octubre pasado Guillermo Marijuan le solicitó a la
entonces ministra Victoria Tolosa Paz la baja a 159.919 personas que cobran el
Potenciar Trabajo y salieron del país” en cruceros, barcos, aviones, micros y
autos y hasta aviones privados “mientras percibían un beneficio estatal”.
En su investigación detalla que el Estado, destina más de 10
mil millones de pesos mensuales a casi 160 mil beneficiarios del programa
Potenciar Trabajo que no deberían percibirlo. Y afirmó que existe “descontrol
en los planes sociales” desde hace 14 años.
“Desde 2009 a 2023- el Estado derivó subsidios millonarios
a, por lo menos, a 211.977 personas que salieron del país mientras percibían un
beneficio estatal”, sostuvo el fiscal federal y precisó: “De ese total, 159.919
corresponden al período 2020-2023″ y completó: “Reciben, todos los meses -a
valor de octubre- $66.000, esto es la mitad del Salario Mínimo Vital y Móvil”,
por cuatro horas de labores que realizan en una Unidad de Gestión. Esta puede
depender de las cooperativas de trabaja de los movimientos sociales,
intendencias, gobernaciones ONG y hasta iglesias.
El 1° de noviembre, el titular de la Unidad Fiscal para la
Investigación de Delitos relativos a la Seguridad Social envió un oficio
dirigido a Tolosa Paz para ponerla al tanto de la investigación que impulsó. En
su misiva también le reclamó a la ahora diputada nacional: “Le sugiero que,
además de las medidas que se tienen que tomar de manera inmediata en este caso,
se extremen los controles sobre el padrón vigente de beneficiarios”.
El escrito judicial fue enviado después de que Tolosa Paz
diera de baja a sólo 1.129 inscriptos en el Potenciar Trabajo por viajar,
mientras cobraban el plan, según ella misma reconoció a Alemania, España,
Francia, Holanda, Panamá, México, países árabes, Qatar -durante el mundial de
fútbol en que Argentina se coronó campeón y Cuba. También a países limítrofes.
Ante el cuestionamiento de dar de baja apenas 1.129, contra
las 159.919 solicitadas por Marijuan, Tolosa Paz se defendió señalando que no
había tenido acceso a la denuncia fiscal.
El fiscal, no dudó en responder a través de un oficio
judicial en el cual le comunicó a la funcionaria que “la denuncia que motivara
el inicio de la causa nro. CFP 3749/2023 ante el Juzgado Nacional en lo
Criminal y Correccional Federal nro. 1 de esta ciudad se basó en un
entrecruzamiento de datos ordenado de oficio por el suscripto sin mediar
voluntad ni participación de su ministerio. El mismo fue efectuado por el
Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS) tomando, por un
lado, el padrón de personas con planes Potenciar Trabajo VIGENTES que fue
proporcionado por el organismo a su cargo -luego de reiterados reclamos de esta
Unidad Fiscal- y, por otro lado, los registros de la Dirección Nacional de
Migraciones”.
El mismo fiscal ya había denunciado penalmente a la
funcionaria de Alberto Fernández y al dirigente del Movimiento Evita y ahora ex
secretario de Economía Social Emilio Pérsico por las supuestas irregularidades
desprendidas en el otorgamiento del Plan Potenciar Trabajo.
Después de una serie de medidas de prueba que incluyeron las
declaraciones testimoniales del ex titular de la AFIP, Carlos Castagneto, y del
ex jefe de Gabinete, Juan Manzur, Marijuan cuestionó que de los 253.000 planes
que según un informe elaborado por la AFIP presentarían alguna irregularidad en
2022, el Ministerio de Desarrollo Social solamente dio de baja a 2243.
La decisión de las autoridades del gobierno de Javier Milei
adoptarían otro tipo de decisiones a las tomadas por el gobierno saliente. Esto
es respetar los mandatos judiciales.
Algo similar a lo que dijo esta mañana el vocero
presidencial Manuel Adorni desde la Casa Rosada y ante los periodistas
acreditados sobre los piquetes: “Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada y
se va a cumplir a rajatabla”.
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