El caso de Julio “Chocolate” Rigau y las 48tarjetas de débito de empleados legislativos dejó al descubierto lo que pareceser la punta de un iceberg de la corrupción. Pero este presunto entramado deextracción de fondos de la Legislatura de Buenos Aires tiene un caso calcadocasi a la perfección. Es que Entre Ríos, la Justicia, elevó a juicio una causaque se inició cuando un policía notó que tres personas acudían periódicamente aun cajero a retirar dinero. Es decir, de la misma manera en la que detuvieronal puntero del PJ en La Plata.
En Entre Ríos el caso fue un escándalo y se lo conociópúblicamente como la causa Contratos. Trascendió en parte a nivel nacionalcuando la fiscal que lo investigaba, Cecilia Goyeneche, fue denunciada ydestituida de su cargo tras descubrir junto a su equipo un impresionanteentramado de corrupción.
El día antes de que la Cámara de Apelaciones de La Platadecidiera hacer lugar a un hábeas corpus y liberara a Rigau además de suspenderla investigación por las 48 tarjetas de débito, se cumplió un aniversario delcaso gemelo de Entre Ríos.
Es que el 20 de septiembre de 2018, cinco años antes, FlaviaBeckman, María Victoria Álvarez y Esteban Scialocomo fueron encontradosmientras retiraban dinero de tarjetas de débito de empleados legislativos en uncajero del Banco Entre Ríos ubicado en la avenida Ramírez y Pasteur de Paraná.
Los tres habían sido marcados previamente por un efectivo deseguridad. Es que la asidua concurrencia de ambos estaba lejos de ser la normalde cualquier persona bancarizada, y eso levantó las sospechas.
Aquella mañana, cuando se descubrió la maniobra, la policíasiguió a los tres hasta el domicilio que compartían Beckman y Mena, el fiscalde turno ordenó una requisa y dispuso el allanamiento del lugar.
Tarjetas, cuadernos y anotaciones
Como ocurrió con Chocolate Rigau, a los tres implicados lesencontraron tarjetas de débito a nombre de personas contratadas por laLegislatura y el Senado entrerriano y dinero en efectivo.
Dentro de la casa, además, hallaron documentación clave quepermitió desandar la maniobra delictiva. Lo mismo que encontró la Justicia enel domicilio de Rigau: cuadernos y carpetas con detalles de las personascontratadas, el monto de los pagos y la comisión que les giraban, que eraínfima. Fuentes judiciales señalaron a PERFIL que a las personas utilizadaspara la maniobra también les pagaban el monotributo (necesario para quefuncione el sistema) y les brindaban obra social a cambio de poner su nombre ysu firma.
“Las relaciones contractuales eran falsas en sumotivación y tenían una finalidad ilícita consistente en la sustracción deldinero público”, dice un fragmento de la elevación a juicio firmada porlos fiscales Ignacio Aramberry y Patricia Yedro, ya con Goyeneche excluida. Enel documento de más de 500 páginas aparece el detalle de las 32 personas quefueron imputadas, además de las tres mencionadas antes que fueron enganchadasin fraganti en 2018. Todas esperan el juicio.
La gran mayoría de los contratos, siempre según el documentojudicial, “eran excluidos de su retribución, la que pasaba íntegramente amanos del grupo recaudador, para luego, en algunos casos, entregarles a losparticulares solo una parte ínfima de lo anteriormente cobrado”. A su vez,la investigación permitió corroborar que los nombres de los titulares de lastarjetas de débito informados por el Banco de Entre Ríos “coinciden conlos que aparecen en los listados secuestrados en el domicilio de Beckman yMena”.
En La Plata, la fiscal Betina Lacki trabajaba en lasdeclaraciones de los titulares de las tarjetas de débito que le secuestraron aChocolate hasta que el fallo de los camaristas Juan Alberto Benavides yAlejandro Villordo dejó su investigación en standby. Eso mismo hicieron los fiscalesen Entre Ríos.
Contratos, pagos y una decisión pendiente
De las declaraciones surgió que los contratistas habíanfirmado con la Legislatura o el Senado “creyendo que se trataba desubsidios” y por necesidad económica. “En algunos casos firmaban sinleer porque no les permitían hacerlo, (…) desconocían el monto del contrato yles hacían suscribir el endoso sin permitirles observar su monto”,afirmaron los fiscales, al tiempo que dieron por probado que debían concurrirpara ello a la vivienda de Beckman y Mena.
Fuentes judiciales explicaron a este medio que losinvestigadores establecieron que la maniobra investigaba había arrancado en elSenado entrerriano en enero de 2008, mientras que se había extendido a laCámara de Diputados en diciembre del 2011. “Llegaron a ser más de 600contratos”, explicó a PERFIL una fuente con acceso al caso.
En un principio, ambas cámaras pagaban los sueldos víacheque y después adoptaron las cuentas de ahorro, por lo que el sistema viróhacia las tarjetas de débito.
Con el paso de los años también se actualizaban los montosde esos contratos: de acuerdo a los fiscales al principio los pagos eran de$4.500 pesos y sobre el final de la maniobra ascendían hasta los $50 mil.
Si bien la investigación tiene un nivel de avance muchísimomayor a la que tiene como principal implicado a Rigau, otro de los aspectos quetienen en común las dos causas es que están paradas. Después de que el casoContratos haya sido enviado a juicio en junio del 2021 y se pidiera el jury deGoyeneche, también se originó un conflicto de competencia entre la Justicia provincialy la Federal.
Ese tironeo está pendiente de resolución en la Corte Supremade Justicia, que le pidió opinión al procurador Eduardo Casal. El 11 de agostopasado, el funcionario dictaminó a favor de que la causa continúe su trámite enla Justicia provincial al sostener que la Justicia Federal planteó sucompetencia “sin mayores precisiones acerca de la conexión de los delitosinvestigados en el fuero local con el financiamiento de campañas y partidospolíticos nacionales”. Ahora resta que se pronuncien los juecescortesanos.
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