El ex gobernador de Entre Ríos y ex embajador de Alberto Fernández en Israel, Sergio Urribarri, podría enfrentar una nueva condena por corrupción: dos fiscales de esa provincia pidieron una pena de diez años de cárcel para él, en una causa por el supuesto pedido de coimas a un empresario local. Urribarri, quien junto con Gildo Insfrán y Jorge Capitanich integra el podio de los mandatarios provinciales más cercanos a Cristina Kirchner, ya tiene sobre sí una condena a ocho años de cárcel, por peculado y negociaciones incompatibles. También está bajo sospecha su copioso patrimonio, en un expediente por supuesto enriquecimiento ilícito en el que no pudo explicar el origen de nueve millones de dólares.
Urribarri fue investigado por el supuesto cobro de sobornosal empresario Diego Armando Cardona Herreros, dueño de RelevamientosCatastrales SA, firma que fue contratista del Estado entre 2007 y 2015, elmismo período en que gobernó el ahora acusado. Los fiscales Patricia Yedro yGonzalo Badano elevaron a juicio la causa, con un adelanto de la penas quesolicitarán para todos los acusados cuando termine las audiencias orales. Parael ex gobernador también pidieron una multa de 540 mil pesos. Ahora el casovolvió a manos del juez de Garantías Julián Vergara, que corrió vista a laspartes del pedido fiscal y les otorgó 30 días corridos para que analicen lasevidencias y hagan sus planteos.
La causa, que comenzó en 2017 luego de una investigaciónperiodística de la revista Análisis, que dirige Daniel Enz, investigó loscontratos de la Dirección General de Ajustes y Liquidaciones del Ministerio deEconomía, en tiempos del ministro Diego Valiero, durante los dos gobiernos deUrribarri.
En el expediente se estableció que desde 2007, cuandoUrribarri era ministro de Gobierno del exgobernador Jorge Busti, y luegodurante sus dos gestiones al frente de la provincia, se favoreció aRelevamientos Castrales con sucesivos contratos para comprar software, “con elfin de generar un núcleo ilícito”.
La imputación dice que Urribarri realizó “acuerdos conCardona Herreros, y ordenó a funcionarios que aportaran información anticipada,y que gestionaran la contratación a favor de su empresa”. En esas maniobras,señala la imputación fiscal, hubo cobro de sobreprecios con los que luego sepagaron los sobornos a funcionarios.
Con el aval de Urribarri, Cardona logró contratosimportantes en el Estado entrerriano: primero, con el Ministerio de Trabajo quedirigía Guillermo Smaldone, por 19 millones de pesos, para la provisión de unservicio de “relevamiento, análisis, diagnóstico, diseño, desarrollo eimplementación de un software de gestión y administración integral”. El acuerdovencía en 2016, con un costo mensual de 550.000 pesos.
Después formalizó un convenio con el Ministerio de Economía,liderado por Diego Valiero. Fue por 7.833.600 pesos, también para el “soportetécnico operativo y de mantenimiento de software” en Dirección General deAjustes y Liquidaciones del ministerio.
La elevación a juicio oral recoge otros cuatro contratosmás, todos con los mismos ingredientes: información privilegiada para laslicitaciones, contratos sin competencia con otros oferentes, sobreprecios. Uncalco bastante logrado de la operatoria que Néstor y Cristina Kirchnermantuvieron con su socio Lázaro Báez, según se comprobó en el juicio por elcaso Vialidad.
Además de Urribarri, los fiscales pidieron una pena de 9años para el empresario Cardona Herreros, 6 años ára Carlos Marcelo Haidar, 5años para el ex ministro de Trabajo Guillermo Smaldone y para Luis AlfonsoErbes, 4 años y medio para Miguel Angel Ulrich y 3 años de ejecucióncondicional para José Humberto Flores.
En abril del año pasado, Urribarri ya fue condenado a 8 añosde cárcel en un juicio que concentró cinco causas por diversas irregularidades.Se dio por probado un esquema de retornos en cada operación financiada por elEstado provincial, o las contrataciones por 28,4 millones de pesos para laorganización del encuentro de presidentes del Mercosur que se realizó en Paranáen 2014.
Los camaristas del Tribunal de Juicios y Apelacionesanalizaron si esas y otras contrataciones cuestionadas, como la de pautaspublicitarias en medios nacionales y la instalación de un parador turístico enMar del Plata, tenían por finalidad promocionar la precandidatura de Urribarria presidente de la Nación en 2015, a un costo de más de 14 millones de pesos.
En el momento de la condena, el ex gobernador era elembajador en Tel Aviv, de donde fue removido de inmediato, aunque no regresó alpaís sino hasta varios meses después. Este año la sentencia en su contra fueconfirmada por la Cámara de Casación Penal.
Urribarri también es investigado por enriquecimientoilícito. Según información publicada por Análisis, Urribarri no pudo explicarun total de 11.546.772 pesos (unos 1.813.590 dólares en el momento de lainstrucción); 7.245.441 dólares y 16.300 euros. Es decir, unos 9.077.031dólares, que si se actualizan a valores de hoy superarían los 5.000 millones depesos.
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