Hace casi un año, el Jurado de Enjuiciamiento de Entre Ríosdeterminó que Cecilia Goyeneche había incumplido con el principio deobjetividad que se le exigía como integrante de la Fiscalía y decidió separarlade su cargo.
El elemento principal que se esgrimió en su contra fue larelación que ella y su esposo, el contador Sebastián Orlando Bertozzi, teníancon Pedro Opromolla, uno de los principales imputados en la causa “Contratos”que investiga el desvío de fondos de la Legislatura para financiar la política.
Goyeneche llegó a negar en una audiencia ante la jueza deGarantías Carolina Castagno la existencia del vínculo. “Falso su señoría”, dijoen diciembre de 2018 cuando las defensas la quisieron recusar por estasituación. Pero la relación, como quedó demostrado más tarde, existía. Su frasepasó entonces a formar parte del anecdotario judicial de Entre Ríos.
La ex fiscal llegó a tener dos propiedades en codominio conel contador Opromolla. Eran departamentos construidos mediante un sistema defideicomisos que Orlando Bertozzi manejaba.
El primero de los bienes había sido vendido, pero latransferencia no se había registrado. El segundo estaba en alquiler. El pago sedividía en partes iguales entre Goyeneche y Opromolla. Los inquilinoscancelaban la renta todos los meses en el estudio de Opromolla, el mismo quefue allanado en el marco de “Contratos” y donde se encontró la documentaciónque permitió descubrir el desfalco a las arcas del Estado.
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Dentro de las casualidades que tiene esta historia, cuandola Justicia y la Policía realizaron el procedimiento en el estudio contable,Opromolla no estaba. Tampoco se le secuestró luego el celular como sí se hizocon el resto de los imputados. El contador, además, no tuvo que padecer laprisión preventiva que se dictó para un grupo de acusados.
Con la investigación avanzada, Goyeneche intentó despegarsede Opromolla. Transfirió a título gratuito a una sobrina su parte en eldepartamento en común con el acusado. Cortó la relación personal que tenían,que había llevado a que compartieran vacaciones familiares y a que 15 díasantes de que explotara la causa “Contratos” haya sido Opromolla quiencertificara los ingresos de Goyeneche y Orlando Bertozzi para que pudieranadquirir un auto de alta gama.
La jueza Castagno y el Ministerio Público Fiscal rechazaronen un primer momento el apartamiento de Goyeneche del expediente. Pero en losprimeros meses de 2019, cuando se produjeron los embargos preventivos, lasituación se hizo insostenible: la fiscal que encabezaba la investigación habíaquedado embargada por un inmueble que compartía con uno de los imputados.
Recién entonces el Procurador General Jorge García,principal promotor de Goyeneche como su sucesora al frente del MinisterioFiscal, decidió correrla del caso.
A mediados de 2021, la Fiscalía cerró la investigación de lacausa “Contratos” y pidió la elevación a juicio. En el escrito acusatorio sólose apuntaba contra funcionarios de tercera línea y administrativos.
Pese a que el escándalo supuestamente salpicaba a toda lapolítica, no hubo ni diputados, ni senadores, ni presidentes de las cámarassindicados como responsables del ilícito cuyo perjuicio al Estado –según unperitaje del Superior Tribunal– asciende a 373 millones de pesos. Ese es elmonto que la Fiscalía de Estado reclama ante la Justicia Civil.
Recién cuando se cerró la investigación y se sustanció queno habría ningún acusado de primera línea, dos abogados radicales, GuillermoMulet y Rubén Paglioto, denunciaron a Goyeneche ante el Jury. Incluyeron en supresentación lo ocurrido con Opromolla.
Fue este último elemento en el que se basó el Jury parapromover su destitución.
La fiscal reaccionó acusando a todo el arco políticojusticialista como responsable de un ataque a su persona como respuesta a lasinvestigaciones contra la corrupción. Metió en la misma bolsa al ex gobernadorSergio Urribarri y al actual mandatario Gustavo Bordet. Pero lo cierto es quellevaba dos años apartada de la investigación y por decisión de su superior, node la política.
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Goyeneche intentó también anular el proceso haciendohincapié en una decisión polémica que tomó el Jury: correr de la acusación alProcurador García y a todo el Ministerio Público Fiscal, considerando que nopodían actuar con objetividad si quien estaba en el banquillo era la número dosdel organismo. Por eso nombró a un fiscal ad hoc que surgió de la lista deconjueces, abogados que reemplazan a integrantes del Superior Tribunal cuandoson recusados.
La determinación del Jury contradice el texto constitucionaly, en los pasillos de Tribunales, se entiende que es uno de los elementos afavor que podría tener la Corte Suprema cuando le llegue el recursoextraordinario que presentará Goyeneche. Es que podría tratarse de unaviolación a la garantía del debido proceso.
Pero también se sopesa que la tradición de la Corte Supremaes no inmiscuirse en este tipo de causas, ya que se las considera como dederecho público provincial y no susceptibles de ser analizadas por el órganojudicial federal.
Pero aunque la Corte la restituya, Goyeneche nunca podrávolver a ser fiscal anticorrupción, una responsabilidad que se le había dadoante la ausencia de esa figura creada por la Constitución provincial de 2008.
En 2022, la Legislatura entrerriana sancionó una leyreglamentando el instituto. Allí se establece que no habrá posibilidad decolocar subrogantes o transitorios en el cargo. Quien vaya a ese puesto deberáser quien pase por el concurso, que ya está en marcha en el Consejo de laMagistratura entrerriano, obtenga la nominación del Ejecutivo y el acuerdo delSenado.
En el mejor de los escenarios, la ahora ex fiscal tan solopodrá aspirar a volver al Ministerio Público como Procuradora Adjunta, cargoque ganó en un concurso.
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