La extrema bajante del río Paraná tiene el potencial de undrama de impacto socioeconómico grave, al punto de haber gatillado las alarmasen Nación y las provincias afectadas. Todo indica que el actual panorama solose tornará peor, al punto de que existe el riesgo de perforar el piso históricode 1944 entre fines de septiembre y principios de noviembre. Con ese horizonte,los gobiernos temen que en el peor escenario estallen tensiones sociales en laspoblaciones ribereñas cuando la crisis hídrica marque su pico, en vísperas delas elecciones.
“La bajante ocasionará afectaciones sobre el abastecimientoy la calidad del agua potable, sobre la navegación y la operatividad de lospuertos -en la principal vía de salida de las exportaciones argentina- yocasionará daños ambientales sobre el ecosistema, la fauna íctica y lageneración de energía hidroeléctrica”, advierte un dossier del Ejecutivofechado el último viernes. Y esas sonsolo algunas de las posibles consecuencias de la sequía que impacta en sieteprovincias: Formosa, Chaco, Corrientes, Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires yMisiones.
El informe va acompañado por un primer “mapa dinámico deriesgo” que ilustra las zonas ya afectadas de forma leve y moderada, conénfasis en el tramo medio del río, así como las tomas de agua expuestas sobreel nivel. “El escenario es malo”, reconoce uno de los funcionarios involucradosen atajar la crisis. En total, son nueve los ministerios que participan de losplanes de contingencia -Seguridad, Economía, Interior, Obras Públicas, Ciencia,Ambiente, Defensa, Transporte y Agricultura, Ganadería y Pesca- además deNucleoeléctrica, la empresa que se ocupa de Atucha y que ya dispuso la comprade tres bombas flotantes para asegurar la refrigeración de los sistemas.
Funcionarios de todas estas áreas y de los distritosafectados participaron esta semana del Consejo Federal de Gestión y ProtecciónCivil en Paraná para tejer una estrategia regional. El denominado SistemaNacional para la Gestión Integral del Riesgo (Sinagri) desempeñará desde ahoraun rol central al momento de articular acciones bajo la conducción de Jefaturade Gabinete y la coordinación de Seguridad, de donde depende el área deProtección Civil, bajo la tutela de Gabriel Fuks. En el encuentro hubo intercambiode experiencias y se dispuso la elaboración de mapas dinámicos de riesgo paragestionar con rapidez cualquier alerta a lo largo del curso.
Uno de los datos que más alarma a los gobiernos es que todoslos pronósticos a cargo del Instituto Nacional del Agua (INA) marcan unatendencia descendente del nivel del río que predominará “en los próximos tresmeses, alcanzando un máximo de bajante desde fines de setiembre hasta mediadosde noviembre”. El impacto podría sentirse, entonces, no solo en las dificultadespropias de las economías sociales, como los pescadores locales, sino en elacceso a derechos básicos como el agua potable, en particular en laspoblaciones que dependan de los afluentes del Paraná. Para colmo, el ServicioMeteorológico Nacional reporta lluvias inferiores a los promedios ya bajos paraesta época del año en la totalidad de la Cuenca del Plata.
Para mitigar cualquier reacción social, el gobierno nacionaldecretó la emergencia hídrica a través del decreto 428/2021 por un lapso de 180días y un fondo de mil millones de pesos que se analiza expandir a través deotras opciones de financiamiento como el BID. Parte de esos fondos ya se estánutilizando para trabajar en las tomas de agua y adecuarlas en forma temporariadebido a que muchas de ellas quedaron comprometidas. De hecho, el operativoAcuarius de Prefectura para patrullar las zonas ribereñas y prevenir incendiosintencionales ahora también se aboca a vigilar estos mecanismos para que nadie sustraigasus piezas.
Asimismo, en caso de que algunas de las poblaciones másalejadas y pequeñas no puedan resolver su acceso al agua para consumo por lasequía de sus arroyos, se estudia una inversión en cisternas junto a AySA, yhasta se podría involucrar a las fuerzas armadas, una vez más, para garantizarla logística.
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