Casi en silencio, la semana pasada el oficialismo en elSenado dio un paso más en su estrategia judicial. Pasó a la firma el dictamende rechazo del traslado realizado durante la gestión macrista del juez EduardoFarah a un tribunal oral federal de San Martín, en el conurbano bonaerense y deescaso peso político. Así, ahora Farah quedó a un paso de regresar a laestratégica Cámara Federal de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de laCapital Federal.
De acuerdo con la hoja de ruta del oficialismo, el rechazodel traslado a San Martín de Farah sería tratado en la sesión que CristinaKirchner convocará para este jueves. El bloque del Frente de Todos tiene votosde sobra para asegurarse el retorno del camarista a los tribunales de ComodoroPy.
En abril de 2018, Farah había acordado con el Gobierno deMauricio Macri su traslado a un tribunal menos expuesto. Fue tras un fallo quedespertó polémica: la liberación del empresario Cristóbal López y de su socio Fabiánde Sousa, quienes desde diciembre de 2017 se encontraban detenidos en el marcode una causa por fraude al Estado a través de la evasión del Impuesto a lasTransferencias de los Combustibles.
En una aún recordada reacción, Macri salió por televisión enrechazo del fallo: “Desde el Gobierno y la AFIP vamos a apelar y confío, másallá de la indignación que nos ha dado a muchos argentinos este fallo, en elproceso global de la Justicia”.
Farah, también por televisión, defendió su decisión:”Creo que el Presidente fue mal informado, no creo que haya tenido tiempode leer la resolución. Tiene derecho a dar su opinión, pero tendría que medirseun poco”. Y agregó: “No recibí un peso”.
En simultáneo, y en medio de la ofensiva del entoncesoficialismo, Jorge Ballestero primero pidió licencia y después directamentepresentó su renuncia. Era un histórico de Comodoro Py: había sido designadojuez durante la administración de Carlos Menem y ascendido a camarista duranteel kirchnerismo.
Farah, Ballestero y Eduardo Freiler -destituido en 2017 por”mal desempeño de sus funciones- integraron la Sala I de la Cámara Federalporteña, a la que se tildó de “Sala K” por sus fallos a favor deaquel gobierno.
En julio, el Consejo de la Magistratura aprobó la revisiónde los traslados de 10 jueces federales dispuestos por el macrismo.
El Poder Ejecutivo envió entonces al Senado los pliegoscuestionados para su revisión. Tres de esos jueces -Leopoldo Bruglia, PabloBertuzzi y Germán Castelli- se rehusaron, el pasado 4 de septiembre, a volver apresentarse en la comisión de Acuerdos del Senado. Ahí mismo, el kirchnerismofirmó un dictamen de rechazó a los traslados de los tres magistrados.
Dos semanas después, y con el voto unánime del Frente deTodos, el Senado rechazó los traslados de Bruglia Bertuzzi y Castelli.
Bruglia y Bertuzzi confirmaron el procesamiento de CristinaKirchner en la causa conocida como “Cuadernos de las coimas”.Castelli se resiste a abandonar el Tribunal Oral Federal 7 que debe juzgar a lavicepresidenta justamente en ese caso.
Los tres magistrados están pendientes del recurso con el quefueron a la Corte Suprema de Justicia. Su titular, el ministro CarlosRosenkrantz, convocó a un acuerdo extraordinario del máximo tribunal paratratar, ya este martes, sus presentaciones.
La semana pasada, tras esa convocatoria realizada porRosenkrantz, Alberto Fernández calificó de “escándalo jurídico” lostraslados de jueces realizados durante el macrismo. “La verdad lo únicoque estamos haciendo es establecer un orden perdido en el gobiernoanterior”, sostuvo el Presidente.
Además de los de Bruglia, Castelli, Bertuzzi y Farah, eloficialismo cuestionó los traslados de Zunilda Niremberger (jueza Federal delChaco); Juan Manuel Iglesias (trasladado de un tribunal de Entre Ríos a uno delChaco); Esteban Hansen (pasó a un juzgado Federal con competencia electoral enJujuy); Federico Villena (juez Federal 1 de Lomas de Zamora); Enrique Velázquez(de un juzgado de instrucción, a uno de menores) y María Skanata (pasó a unjuzgado de Misiones con competencia electoral).
Sobre estos otros 6 magistrados aún no hubo dictamen en lacomisión de Acuerdos del Senado. El juez Villena es el que más divide las aguasen el oficialismo: un sector pretende que siga en Lomas de Zamora y otropresiona para que vuelva a su lugar de origen.
Villena llegó a Lomas de Zamora gracias al apoyo de SilviaMajdalani, número dos de la AFI con Macri. Fue el que inició la causa porsupuesto espionaje ilegal por el organismo de inteligencia.
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