El médico Fernán Quirós agrega desde esta semana una nuevatarea a las que ya tiene como el cura pupas oficial del Gobierno porteño. Seráel encargado de negocios con la administración nacional. Como en las crisisdiplomáticas, Horacio Rodríguez Larreta reducirá el nivel de sus relaciones conOlivos al rango Quirós, nada de embajadores. Sólo pandemia. Por lo menos hastaque Alberto Fernández haga algún gesto de acercamiento para retomar las conversacionespre-virus y reducir la quita del punto de coparticipación a por lo menos de lamitad. Siguieron los llamados de delegados de Olivos buscando amortiguar elefecto del decreto, con explicaciones del tipo “Horacio ya lo sabía”,como si eso mitigara lo que el jefe porteño dice que fue una puñalada por laespalda.
La reducción del nivel de relaciones a lo estrictamentesanitario durará hasta que se presente ante la Corte la demanda, que pide unacautelar para frenar el corte diario de fondos de coparticipación, que hadejado de recibir la CABA desde la semana anterior. Larreta confía en estasretaliaciones, cree que el efecto ha sido beneficioso para el público que lorespalda y acalla los amagues de disidencia en Juntos por el Cambio, que puedenresentir la unidad de la oposición. Mantenerse unidos es para esta liga tanimportante como para el peronismo. Cualquier disidencia se paga en el escenarioelectoral, que es el único que hoy interesa.
Ayuda a Larreta, según se escucha en reuniones recoletascomo la que hizo el equipo de gobierno de la CABA en la noche del domingo, lamejora en los números de internados por el virus, cuando aumentan en el restodel país, competencia originaria de los Fernández. Es una simpleza descubrirahora que es el eje de la liga opositora, como fundador y candidato mejoralineado para el 2023, pero el clima lo confirma. Ninguno de los otrosgobernadores de su alianza dudó en rechazar el pedido de apoyos que hizoAlberto para el decreto. Ahora recibirá otro brindis de la mesa nacional en elzoom de los lunes.
Racionalidad peronista: preservar la unidad
Se engaña quien crea que estas movidas son para capturar elvto ajeno, o convencer al adversario de algo que nunca se lo convencerá. Elpúblico de la quita de fondos a la CABA es el peronismo de la provincia deBuenos Aires. El peronismo que comanda el distrito -dividido entre elcristinismo de Axel Kicillof, la minoría juguetona de Sergio Massa y el testigoAlberto- tienen que convencer, cada cual, a los votantes que tienen la fuerzasuficiente como para controlar la situación. Controlar quiere decir sostenerbatallas ganadoras contra la oposición, aportar los fondos que faltan y, porsobre todo, asegurarles a los dirigentes, punteros y militantes, que les puedenasegurar un futuro ganador en 2021 y, ojalá en 2023.
Es el recurso para blindar el principal activo estratégicodel peronismo, que es la unidad. Cuando la perdió, en 2009, inauguró una décadade derrotas que permeó de Buenos Aires al resto del país. Debe evitar laposibilidad de una división, que parece asomar en el horizonte. Es la condiciónpara seguir pensando en un futuro, juntos por algún cambio, y para todos. Sihay debilidad de fuerzas, ganan los más poderosos, los que logran cementar launidad. Saben todos que el voto de las grandes familias es inconmovible y quesólo permaneciendo unidos serán competitivos. No porque le puedan sacar votosal 40{10b083c464b21a2e5b96ab7d1950c6efda5949816d8d4b699d6508628a11a647} que obtuvo Cambiemos a presidente.
Peleas darwinianas en Buenos Aires
La preocupación por la fuerza para ir a elecciones ue lepermitan ganar en la provincia de Buenos Aires las 10 bancas que le faltan paratener quórum en Diputados es la principal inquietud. Encima ven encuestas quelos inquietan, como si los humores cambiasen el voto. Un sondeo de la firmaReyes-Filadoro decía esta semana que Larreta tiene en Buenos Aires una imagenpositiva de 67{10b083c464b21a2e5b96ab7d1950c6efda5949816d8d4b699d6508628a11a647}, por adelante de Alberto Fernández, con 64{10b083c464b21a2e5b96ab7d1950c6efda5949816d8d4b699d6508628a11a647}. Una conclusióncualitativa agrega que más de la mitad de los bonaerenses que votaron al Frentede Todos en la última elección tiene una imagen positiva de Larreta. Larelación entre Kicillof y los intendentes necesita alguna señal para sureelección en 2023.
Rige una ley que puede beneficiar a los punteros delcristinismo y también a emergentes de la oposición, por el veto a un tercermandato. Es una pelea darwiniana por la sobrevivencia de la especie. Piden unasolución darwiniana. El alzamiento policial es una señal para el cristinismo,que sólo amagó con denunciar una mano negra. Con mirar hacia abajo, verían queson los pata negra que advierten que no hay autoridad en el gobernador. Nisiquiera ideológica, porque boya entre el garantismo de la Nación y la manodura de Sergio Berni. Tampoco la autoridad ritual que exigen los cuerposarmados, que no toleran dos cosas:
1) Que el gobernador vaya a los actos policiales en remera,y el tono con el cual acompaña el himno nacional. Los “ratis” se fijan en esascosas.
2) Que el Gobierno no asuma que sin vueltos en blanco o ennegro no hay policía. Es un problema de las policías de todo el mundo. Lapolítica también es lo inconfesable. Y gobernar es gobernar la policía.
El mapa de las complicaciones en 2021
En estas constancias hay que localizar la racionalidad deldecretazo de la semana anterior. Para las elecciones del año que viene laoposición amenaza con una lista de candidatos a diputados nacionales con ojivanuclear: María Eugenia Vidal, Elisa Carrió, Miguel Angel Pichetto. Puede darlesun dolor de cabeza si las tribus del oficialismo siguen alzadas. En los otrosdistritos grandes, como CABA, Córdoba, Mendoza o Entre Ríos, también hay unasuerte chiva para el peronismo metropolitano. Puede perder en esas comarcas.
Mendoza y Córdoba eligen senadores y hay candidatos conmucha chance de ganarle al peronismo fernandista: Alfredo Cornejo, Julio Cobos,Mario Negri, Alejandra Vigo, y el propio Schiaretti pueden estar en la grillapara esos cargos. Santa Fe es un enigma siempre, pero Omar Perotti no es unoficiante en el Instituto Patria. También elige senadores, y Carlos Reutemanntiene posibilidades de reelegir y viene de hacer un gesto político: sumó subloque a la oposición en las últimas votaciones rabiosas contra proyectos deloficialismo. También es miembro del club que obtura los 2/3 que necesita elperonismo para habilitar proyectos estructurales. En Entre Ríos el peronismoperdió el año pasado las elecciones a senador nacional. Estas constanciasaumentan la necesidad de blindar la provincia de Buenos Aires y endurecer elgesto en las relaciones con el gobierno de Larreta.
Córdoba y los hermetismos estridentes
El Gobierno intentará desandar el daño que esta medida lecausa en la opinión de los sectores moderados de su distrito, que pueden mirarhacia algún otro peronismo. El decreto de la discordia resiente también laarquitectura nacional del peronismo. La señal más cruda es la negativa de JuanSchiaretti a firmar la adhesión a la medida. El gobernador de Córdoba ha sidohermético para dar explicaciones, pero habilita filtraciones:
1) No está de acuerdo con la forma, aunque no discute elfondo porque no está a la cola de los beneficiados por el reparto de dinerograciable.
2) Si Alberto le saca a la CABA dinero, mañana puede, de unplumazo, sacárselo a Córdoba, que además es una de las capitales nacionales delanti cristinismo y, ante todo, la segunda provincia en cantidad de votos.
3) Se aparta del juego del peronismo nacional. Schiarettimanifiesta además desconfianza hacia el juego que plantea el peronismometropolitano que domina Olivos y el Congreso.
Ese juego tiene riesgos de los cuales se previno antes,cuando construyó la mesa de Alternativa Federal, que actuó hasta mayo del añopasado como un camino para el no cristinismo. Jefe de la liga de gobernadores,encabezó el club de la lista corta en las elecciones presidenciales. En Córdobala fórmula Macri-Pichetto les ganó a los Fernández por 61 a 29. Schiaretti,como los políticos de su talla, nunca abandona la protección de su interés. Nocome cristinismo, pero acordó con todas las tribus del peronismo hace dos añospara que Graciela Camaño tuviera una silla en el Consejo de la Magistratura.Implicó la salida de Mario Negri, representante de la UCR. El año pasado logróque Cristina bajase una lista a diputados nacionales de Córdoba que patrocinabaJuan Grabois, y que podía sacarle votos al PJ. Le costó a la vicepresidente undisgusto con el jefe de la CTEP.
En el Senado, también con justo
Estos movimientos desmadejan conductas que afectan tambiénel armado nacional. El peronismo del Senado lleva esta semana al recinto eldictamen para denunciar al procurador Eduardo Casal por una cuestión deprivilegio sobre demoras en una jura de integrantes del Jury de enjuiciamientode los fiscales. Es una pelea política mayor y les costó llegar a los 10 votosnecesarios para aprobarlo. El senador por Río Negro, aliado del oficialismo enmuchos proyectos, dijo que no lo respaldaba. Señales que vienen de unaprovincia adonde debe alguna actuación de la Nación por la ocupación detierras. Tampoco apareció otro aliado, Adolfo Rodríguez Saá. Estas trifulcas sevan empastando a medida que se acercan tiempos electorales. El Senado pusofecha para las audiencias de candidatos a nuevos jueces, más de una veintena:serán 28, 29 y 30. Pero dejó sin tratar el pedido de tres jueces que quierenseguir en los cargos pese a que han cumplido la edad para jubilarse. Entre esosnombres figuran magistrados de peso político. Será otra batalla.
Y encima hay que discutir de nuevo protocolos remotos
Estas peleas van a renacer en la semana en el Senado porqueeste domingo debe hacer vencido la vigencia del protocolo para las modalidad desesiones remotas (era por 30 días). Es la herramienta más eficaz que tiene eloficialismo para manejar las cámaras y jibarizar a la oposición. Esta vez hayde nuevo un pedido de los senadores opositores para que se amplíe la presenciade legisladores en el recinto, algo hasta ahora limitada a autoridades de mesa.O que se amplíe en tiempo de exposición en los debates. Cristina accede concuentagotas a esos reclamos, pero incumple el compromiso de que se haganreuniones de Labor Parlamentaria. Es donde se resuelve la agenda de los temas atratar. Pero ella no se sienta con senadores y todas las sesiones son”especiales”, es decir sin menú de temas concertados.
La oposición pide, por ejemplo, que se trate el proyecto deEconomía del Conocimiento, pisada por el oficialismo. También, una distensiónde las normas para concursos y quiebras para facilitar la salida de lasempresas de la crisis, en el formato de las normas que sancionó el Congreso en2002, durante la anterior crisis. Tienen ya sanción de Diputados. Para eloficialismo son leyes con nombre y apellido. La primera es Galperín, la segundaCorreo Argentino, Por eso las tienen en la congeladora.
La Corte, bajo los faroles
La demanda a la Corte contra la inconstitucionalidad deldecreto activa al gremio de los expertos, que hacen cola para causas de estaaltura. El decreto que firmó Larreta autoriza a la Procuración de la Ciudad ahacer la demanda, y la debe firmar su titular, Gabriel Astarloa. Pero hay,además, consultas con estrellas de la profesión como Alberto García Lema, quepatrocinó al Banco Ciudad para hacer caer la ley Conti, que le quitaba losfondos de la Justicia. También patrocinó a la provincia de Córdoba en la Corte,en el recamo de las detracciones a los aportes previsionales. En esos círculosopinan, además, otros constitucionalistas como Rodolfo Barra -que actuó por SanLuis en aquel juicio previsional que falló la Corte dos días después de queMacri ganase el balotaje en noviembre de 2015-, Ricardo Gil Lavedra (por SantaFe en aquellas batallas) y Antonio María Hernández, que hoy firma las querellasde productores de Córdoba contra las fronteras interiores, que ha impuesto SanLuis para defenderse del virus.
El tribunal está bajo los faroles, porque tiene pendientealguna palabra sobre el proyecto de anulación del traslado de jueces, quecuestiona el peronismo. Esta semana se oficializará en el recinto la anulacióny se levantan apuestas para decidir si la Corte hablará antes o después de lasanción. Cualquier gesto tendrá un costo, en un país en transición de un podera otro en cámara lenta. Puede avalar estos traslados como lo hizo antes, yrugirá el cristinismo; puede revertirlos, y enojará a la oposición, que diráque actuó con ese aval.
Tambalea el monedero electoral
También entra en la agenda por otros entuertos. El Gobiernotiene que resolver qué hará para cumplir un fallo de contrafrente, que dictó eltribunal en febrero de este año, que podría implicar un suelta de fondosdescomunal para los partidos políticos en las próximas elecciones. Esa decisiónreconoció un reclamo para que el dinero que entrega el Estado por los votosrecibidos se reparta entre las listas que se anotan para competir en lasprimarias, y no entre las agrupaciones. El fallo respaldó un pedido deldirigente de derecha Alejandro Biondini, que encabezó en 2017 una listaopositora, el Frente Patriótico Bandera Vecinal. La factura a pagar es de unos$ 20 millones. Se trata de un partido pequeño, pero si los partidos debenrepartir esos dineros entre todas las listas, crecerán los reclamos alinfinito. Alguna medida se tendrá que tomar.
Diputados, ¿menos es más?
El peronismo se interesó en darle relieve, también, a otroincidente judicial que recuerda la manda constitucional de modificar larepresentación de las provincias en la Cámara de Diputados. Es un oficio quehizo la Cámara Nacional Electoral al Gobierno y al Congreso, para que actualicela cantidad de representantes de cada distrito según el último censo depoblación. Debería hacerse cada diez años, pero nunca se hizo, y replica lasmismas desigualdades que ocurren con el reparto de la coparticipación federalde impuestos. Más aún, si esa actualización sincerase el peso de cada distritoen el Congreso, el debate de la coparticipación se simplificaría.
Claro que imaginar un cambio que implique una reducción derepresentación, es tan fantasioso como que se reduzcan los impuestos aprovincias hoy beneficiadas. El peronismo se ha resistido a esa actualización,porque entiende que el actual reparto le beneficia. La ley Bignone, que regulóla transición a la democracia, impuso que no podía haber provincias con menosde cinco diputados. Alimentaba las ilusiones de lo que quedaba del partidomilitar, que era fuerte en provincias chicas. Hoy en las que eligen cincodiputados, siempre el peronismo logra tener tres, y eso conviene.
Hubo proyectos desde los años ’90 hasta ahora, el último deJorge Landau, bajo la presidencia de Cristina de Kirchner. Los críticos de lacorporación política temen que haya una inflación de las cámaras para cumplirla orden constitucional, que dice que debe haber un diputado cada 33.000 habitanteso fracción que no baje de 16.500. Un cálculo hipotético dice que larepresentación de Buenos Aires -la más grande del país- tiene 70 diputados, unocada 222.777 habitantes; Tierra del Fuego tiene un diputado cada 25.441habitantes. Héctor Masnatta, uno de los grandes constitucionalistas que enmundo han sido, intervino en ese debate en 2002, cuando se discutía la salidadel ciclo duhaldista: “¿Se asistirá al bello espectáculo de legisladoresque se auto-inmolen votando la ley que autorice esta reforma?”.
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