La estrategia judicial del Gobierno abarca varias fases. Lareforma, revisión de los traslados de diez jueces, modificación y ampliación dela Corte Suprema y el reemplazo del Procurador interino Eduardo Casal. Pero hayun denominador común: cierta incongruencia. Es decir, falta de una lógicapolítica primero, y jurídica después, que posibilite que esa estrategia terminesiendo exitosa.
Teniendo en cuenta que la vicepresidenta de AlbertoFernández es Cristina Kirchner, hay un antecedente que el oficialismo deberíatener en cuenta para evitar un tropiezo.En abril del 2013, con amplia mayoríaen el Congreso, el kirchnerismo convirtió en ley la reforma judicial denominada”Democratización de la Justicia”, lanzada por la entonces presidenta CristinaKirchner. Varias de las normas fueron cuestionadas por la oposición ydeclaradas inconstitucionales por la Corte dos meses después, lo que provocó lacaída de la reforma y una derrota política. ¿Puede volver a repetirse lahistoria?
Salvando las distancias, hay similitudes como la falta deconsenso con la oposición. Los consensos o las políticas de Estado no son unproyecto que elabora una fuerza política y luego la debate en el Congreso conla oposición. Una política de Estado implica un acuerdo embrionario, porquesólo se entiende a partir de un amplio consenso. Y eso se logra antes, en elproceso de elaboración de la reforma. No después. Tampoco se consigue nombrandoun comité de asesores con mayoría de oficialistas.
Sin acuerdo con Juntos por el Cambio, es probable que elproyecto de reforma judicial sea ley, como en el 2013, pero a un alto costopolítico para el Gobierno. En una entrevista con Clarín, la secretaria de Legaly Técnica, Vilma Ibarra, calificaba de poco “auspicioso” que un sector opository de la sociedad rechazaran la reforma judicial antes de conocerla y hastarealizara un cacerolazo. Lo que no se tiene en cuenta es que existe unasospecha en parte de la sociedad de que la vice persigue impunidad en lascausas en las que está procesada por presunta corrupción. Y las designacionesque Cristina hizo de dirigentes de su máxima confianza en lugares claverelacionados con la Justicia, lo alimentan esas sospechas.
En el ámbito tribunalicio observan inconsistencias en lareforma. Primero, en el traspaso de todas las competencias penales a la Ciudad,jueces, funcionarios judiciales y empleados del fuero nacional en lo Criminal yCorreccional. Si bien en principio el traspaso será de quienes presten suconformidad, eso no garantiza el funcionamiento de los juzgados. Por lo quecualquier decisión unilateral de transferencia, activará juicios de quienesconsideren sus derechos vulnerados. Se estima que al menos unos 300 juiciospodrían presentarse de jueces o empleados.
También traería problemas la unificación de los fuerosNacional en lo Civil y Comercial Federal y Nacional en lo ContenciosoAdministrativo Federal, ambos de la Ciudad. “El Ejecutivo carga contra juecescuestionando su traslado porque, dice, se hizo entre juzgados de distintascompetencias. Pero se contradice planteando una fusión entre dos fuerosdistintos, sin la misma competencia”, argumenta un juez. Otra vez, podría sermotivo de derechos adquiridos vulnerados.
Otro punto polémico es la creación de más juzgados y ladesproporción entre la Ciudad y la provincia. Habrá 46 juzgados federales en laCiudad, con 3 millones de habitantes. Y sólo 30 juzgados federales enterritorio bonaerense, con 15 millones.
Otro flanco débil sería la propuesta de la reforma dedesignar jueces subrogantes para que se hagan cargo transitoriamente de losnuevos juzgados federales. No es una práctica habitual que se hagan cargo de unnuevo juzgado, jueces que no concursaron para desempeñarse en ese juzgado. Unabogado pone un ejemplo. “Si yo defiendo a un narco o a un contrabandista y unjuez subrogante procesa a mi defendido, lo primero que hago es no reconocerlocomo magistrado de ese juzgado y espero tranquilo hasta que se pronuncie laCorte, gano tiempo y por ahí tengo suerte de que algún tribunal falle antes a mifavor”.
Desde la oposición dicen que lo único que podría hacer elEjecutivo para que la justicia funcione mejor “no lo hace”. Hay 153 pliegoscajoneados en el Ministerio de Justicia, que si se suman al resto de lasvacantes, llegan a los 250 cargos sin ocupar.
Los traslados cuestionados por el oficialismo parecen irderecho a un conflicto de poderes. Por un lado avanza con el tratamiento de lospliegos en la comisión de Acuerdos del Senado, con mayoría cristinista, ypodría decidir que algunos jueces dejen su cargo actual y vuelvan a un tribunalanterior. Pero hay tres magistrados, que han dictado resoluciones que complicana Cristina, por ejemplo en la causa de los cuadernos de las coimas -LeopoldoBruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli-, que presentaron recursos ante laJusticia.
“Nosotros vamos a llegar a la Corte”, afirman cerca de unode ellos. Sería lógico que terminara en la Corte, cuyo antecedente es unaacordada en la que autorizó al Poder Ejecutivo durante el macrismo y al Consejode la Magistratura a concretar los traslados de Bruglia y Bertuzzi, sin trámitedel Senado.
Los miembros de la Corte no hablarán de la reforma ni de lostraslados, porque estiman que todo se va a judicializar y podrían caer en latrampa de emitir opinión acerca de una causa que después deban resolver.
Aunque el cuarto piso del Palacio de Tribunales estáhablando, y bastante, a través de sus fallos. En pocos días, rechazó recursospresentados por el ex secretario José López; su esposa; Roberto Baratta; el exministro Julio de Vido; de Ricardo Echegaray contra Elisa Carrió; de AxelKicillof obligándolo a devolver $2800 millones a los usuarios por un aumento enel agua; hizo lugar a un amparo por la quema de pastizales contra la Nación ylas provincias de Buenos Aires -otra vez Kicillof-, Santa Fe y Entre Ríos; yratificó condena a Luis D’Elia.
También hay alguna semejanza en el Tribunal con la época dela reforma de Cristina Kirchner. Presidía y representaba a la Corte RicardoLorenzetti, y la posición era homogénea. Hoy es presidida por CarlosRosenkrantz, cada ministro tiene su posición, pero la mayoría está abroqueladaante la ofensiva del Gobierno. “No insistan con el tema de las divisionesporque eso no sucede, está funcionando como un colegiado”, explican en el cuartopiso de Talcahuano 550. Y ponen como ejemplo la invitación que uno por uno,salvo Highton de Nolasco, fueron rechazando para asistir al anunció de lareforma judicial que hiciera Alberto Fernández en la Casa Rosada. Ni siquieraquisieron estar vía zoom.
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