
Un importante despliegue policial se concentró cerca de las 4 de la madrugada de este miércoles en una vivienda sobre la avenida Gerardo Yoya (ex Juan B Justo), a pocas cuadras de la rotonda de acceso a San Carlos, cuando un llamado telefónico advirtió al Comando Radioeléctrico sobre una bomba molotov que fue lanzada contra el inmueble, propiedad del fiscal Jorge Suñer. De acuerdo a los pocos datos obtenidos, en un caso donde hay hermético silencio por parte de la policía y la Justicia, se estima que el objeto incendiario habría sido lanzando por una persona que pasó a bordo de un vehículo, ya que el elemento no llegó a impactar contra la ventana de madera de la vivienda en cuestión. La causa más resonante del Dr. Suñer fue la investigación sobre el enriquecimiento ilícito del ex senador provincial Mario Alberto Yedro.Según pudo determinar, el Dr. Jorge Alberto Suñer, Fiscal de Cámara Coordinador de la Jurisdicción Concordia, presentó una denuncia formal del hecho en los tribunales locales a media mañana de este miércoles, si bien la policía ya habría comenzado con una investigación de oficio inmediatamente de conocido el hecho. Lo que pudo ser confirmado por fuentes del poder judicial a este medio es que cerca de las 3,30 hs. de la madrugada, el propio Suñer fue despertado por un ruido extraño que al observar hacia el exterior de su vivienda se encontró con una botella rota, de la cual emanaba olor a combustible. Las presunciones que habrían abonado los peritos es que el atacante habría pasado a bordo de un vehículo y que por la velocidad del mismo -afortundamente- no habrían podido impactar con precisión en una de las aberturas. Por otro lado se afirmó que Suñer no había hecho acusaciones concretas sobre potenciales autores del hecho, desconociendo cual podría ser el origen del cobarde ataque. Entre los antecedentes del fiscal Suñer se destaca la investigación realizada tras una denuncia contra el ex senador provincial Mario Alberto Yedro, donde el funcionario judicial terminó solicitando la elevación a juicio por Enriquecimiento Ilícito, denunciando entonces (1993) que se enfrentó “aún dentro de estamentos propios del Poder Judicial, a perversos pactos de silencio, negativas y reticencias de testigos y a ocultamiento de pruebas”.
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