24 feb 2026
POLICIALES

Caso Gorosito: sentenciaron a 12 años de prisión a los policías acusados

El tribunal consideró a los policías como “autores del delito de secuestro coactivo”. Los condenados por la desaparición del joven quedarán excarcelados hasta que quede firme la sentencia.

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La Sala Segunda de la Cámara del Crimen de Paraná condenó a 12 años de cárcel al oficial Lisandro Luis María Rodríguez, y los suboficiales Diego Javier Salvador y Jesús Salvador López, juzgados por la desaparición de Elías Gorosito, a quien introdujeron en el móvil 97 de la Comisaría 5º el 13 de febrero de 2002 en el barrio Mosconi y nunca más apareció. El tribunal consideró a los efectivos policiales como “autores del delito de secuestro coactivo”, al tiempo que determinó que los condenados quedarán excarcelados “hasta que quede firme la sentencia”. Una vez conocida la sentencia y mientras se retiraban los sentenciados, los familiares de la víctima reclamaron a los alaridos por el cuerpo de Gorosito. “Queremos los restos de Elías”, pidió Paola, una de las hermanas del joven, quien les gritó “malditos” a los condenados. El abogado querellante Rubén Pagliotto consideró que “es lógica” la interpelación de la familia de Elías acerca de dónde están los restos. “Es la pregunta que envuelve a una madre, un padre, una hermana, una esposa o un hijo cuando un ser querido desaparece y sobre todo desaparece en manos de quien, como dijo el procurador y ratificó el fiscal de Cámara, la Policía está para cuidarnos”, indicó. “Esto es muy triste”, señaló el letrado, quien resaltó que “exista como enseñanza para el futuro que, para los que son creyentes, solo Dios dispone de la vida y de la suerte de las personas; y para los que creemos en la Justicia terrenal, solamente los magistrados que han jurado por la Constitución y el Estado de derecho son los que tienen las facultades de privarnos de la libertad, pero siempre de acuerdo a la ley y con la luz del día”. “Este es un hecho tenebroso, que se cometió en la clandestinidad y lo que lastima de este hecho, más allá de la desaparición que es terrible, es que se haya cometido en democracia y en manos de los agentes del orden”, redondeó Pagliotto. Por su parte el procurador de la provincia Jorge García evaluó que el juzgado “es un caso muy grave”, y a la luz del adelanto de sentencia sostuvo que “la calificación es correcta y la pena es justa”. Igualmente aclaró que “el tipo penal de desaparición forzada de persona es posterior al hecho, de todas maneras no sería para estos casos, y la calificación correcta en la ley actual sería el tipo penal de sustracción de persona”. “Como dijo el fiscal de Cámara en su alegato, la Policía está para custodiarnos, y cuando tres funcionarios policiales sustraen una persona, es una privación de libertad calificada porque se hace con una ultra finalidad, que en este caso pudo haber sido la desaparición de persona o sacar de circulación o hacerlo confesar -ahondó García. Pero el deber de los funcionarios policiales que lo sustrajeron era hacerlo aparecer. Son responsables por sustraerlo y porque no apareció”. Finalmente el fiscal Leandro Ríos recordó que calificaron el hecho como secuestro, y en un marco de una escala de cinco a 15 años de prisión, pidieron 10 años. “El Tribunal ha calificado el hecho como lo planteamos, incluso ha dado dos años más de pena. Creo que están en el ejercicio absolutamente legítimo de su potestad jurisdiccional, y estamos conformes con que haya acogido la pretensión acusatoria del Ministerio Público Fiscal”, afirmó. Además, el fiscal destacó que el Ministerio Público Fiscal renueva “el compromiso en la investigación de los hechos más graves que pueden afectar a una sociedad en democracia”. La lectura del adelanto de sentencia fue seguida en la sala por Isabel Basualdo, madre de Martín Basualdo, quien fue detenido junto a Héctor Gómez por personal de la Comisaría Quinta hace 18 años y ambos permanecen desaparecidos. También estuvieron presentes familiares de otras víctimas de la represión policial, la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia, la Secretaría de Derechos Humanos, Salud y Educación de la Municipalidad, el Inadi, e integrantes de la Agrupación H.I.J.O.S. regional Paraná.

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