Si bien el poder concedente, que es el Ejecutivo, tiene la facultad para iniciar la licitación a efectos de contratar la consultora, el funcionario aclaró que “tiene que participar la Legislatura a través de la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones, que es la que se encarga de ratificar lo actuado”.
Ekkert informó a Apf que se está trabajando a efectos de definir “si está correctamente imputado el pago de 1,5 millones de pesos a un ex directivo, y más 140 mil pesos por el costo de un curso que se hizo en Estados Unidos”. Indicó que una vez aclarado este tema “se convocará nuevamente a Asamblea para la aprobación de los balances”.
El director general de la empresa, aclaró que la situación se está analizando “desde el punto de vista legal”. En principio, indicó, “no tenemos documentación original que avale tal pago. Si, agotadas todas las instancias, se confirma esto, se hará la denuncia correspondiente”, adelantó.
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