“Le di instrucciones a la fiscal de Estado, Claudia Mizawak, para que cuando conteste la demanda de la acción de inconstitucionalidad, que es meramente declarativa, pidamos previamente al juez que se realice una audiencia de conciliación. Bajo ningún punto de vista queremos conflictos con el Poder Judicial, pero ellos deben entender que es necesario responder a todos los sectores de la sociedad y a sus demandas, especialmente en salud, educación y acción social”.
El gobernador remarcó que la respuesta de la provincia “debe ser seria y obviamente adecuada a la realidad. No podemos comprometernos a pagar cosas a las que sabemos que después no podremos hacer frente”, agregó.
Unos 130 jueces y funcionarios pidieron el viernes la declaración de inconstitucionalidad de la ley que fue sancionada en enero y estableció que por seis meses no se discutiera el incremento reclamado por los jueces.
En principio fueron unos 30 magistrados y funcionarios de Concepción del Uruguay y de Concordia que lograron evitar esta ley mediante la vía del amparo. Cuando se conoció esta noticia, poco días después de haber entrado en vigencia esa ley, INFORME DIGITAL Y DIARIO UNO anticiparon que se comentaba en tribunales la presentación de un amplio reclamo .
El abogado patrocinante -que se desempeñó como fiscal de Estado durante la segunda gestión bustista Raúl Barrandeguy explicó que la medida, de tipo declarativa, se pedía para expresar “buena voluntad tendiente a encontrar acuerdos con el gobierno”.
Barrandeguy sostiene que en esta declaración de emergencia, al esfuerzo sólo lo hacen los jueces,que la ley atacada no respeta la intangibilidad ya que disminuye los sueldos a los niveles de enero de 2002 y que esta emergencia “no tiene sentido, ya que el ahorro que produce resulta insignificante”.
Fuente: Diario UNO
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