Villaverde detalló en los fundamentos que según el texto vigente los gobiernos de los Centros Rurales de Población reciben una asignación anual liquidada mensualmente sobre la base de un criterio objetivo ligado a la Categoría de Junta y al haber básico de la remuneración de un agente administrativo de la categoría inicial del escalafón del Estado provincial como es la categoría 10. Ese numero repartidor es de 166,67 pesos.
Villaverde propicia a través de la modificación al articulo citado que tal asignación se efectivice conforme a la siguiente escala: Categoría 1, 56,6 sueldos básicos mensuales, Categoría II, 28,3 sueldos básicos mensuales, Categoría III, 20,5 sueldos básicos mensuales y Categoría IV, 9 sueldos básicos mensuales.
Mediante el mismo proyecto de ley se autoriza al Poder Ejecutivo a realizar las adecuaciones presupuestarias correspondientes con el objeto de hacer efectivo lo dispuesto en el articulo anterior.
En otra parte de los fundamentos, Villaverde indicó que los recursos provinciales que llegan a las Juntas de Gobierno han quedado desfasados respecto a la realidad económica derivada de la devaluación dispuesta a nivel nacional. La distorsión la padecen aun mas las localidades de menos habitantes que por su densidad poblacional, requieren de mayor asistencia financiera para cumplir con las demandas de su población, remarcó.
Señaló que la inquietud les fue transmitida a los diputados por representantes de varios Centros Rurales de población que han advertido sobre la necesidad de contar con mayores recursos para desplegar las importantes misiones que tienen a su cargo las Juntas de Gobierno.
Municipios rurales
Villaverde dijo también que se debe avanzar en la conformación de los Municipios Rurales.
Opinó que es el momento oportuno para pensar definitivamente en esta realidad. Puesta en discusión la reforma Constitucional en la provincia, debemos anticipar las medidas políticas que permitan hacer cierta la configuración del régimen municipal pleno en la provincia, contemplando al Municipio rural, propuesta impulsada y promovida por, prestigiosos doctrinarios y estudiosos del derecho Público local.
Además se impone devolver al campo un poco de la riqueza que genera con el objeto de permitir que puedan seguir impulsando el desarrollo de las actividades rurales las que en la actualidad protagonizan el alivio económico que vive la Argentina luego de la crisis inédita de 2001 originada en una década de actitud especulativa y no productiva.
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