En forma taxativa y promoviendo el desarrollo regional, se establece que “el predio y sus accesorios deberán ser destinados exclusivamente a la explotación agroindustrial en un plazo de ciento cincuenta días de otorgada la adjudicación”. Además, remarcando el concepto anterior indica que “en caso de incumplimiento de esta condición la adjudicación será dejada sin efecto, debiendo restituir el adjudicatario el predio, más los daños y perjuicios que irrogue dicho incumplimiento”. En tanto los fondos obtenidos por la venta del complejo serán destinados al organismo de control de alimentos y bromatología de la provincia.
El Legislador ha puesto especial cuidado en los tiempos de este proceso, por lo que incluyó que una vez sancionada en forma definitiva la ley la misma deberá aplicarse en un plazo que no exceda los ciento ochenta días.
Los fundamentos
Garbelino expuso ante sus pares que la puesta en marcha del complejo implica la posibilidad de recuperar una fuente laboral para la ciudad de Victoria, la que está “paralizada desde hace más de una década”. Poner en marcha el proceso permitirá generar empleo genuino y posibilita la dinamización de la economía local y regional, especialmente aquellos sectores vinculados a la explotación agroindustrial.
Agregó que la instalación de una nueva industria debe ser objeto de especial atención por parte del Estado, dando prioridad en el proceso a la aplicación de capitales entrerrianos.
Para el Senador con el proyecto se promueve “la reactivación de un complejo productivo de clara identidad entrerriana, donde el Estado -hoy propietario del predio- habrá de convocar a capitales de origen entrerriano para la producción de bienes que tienen altos componentes de materia prima e insumos también de origen local y regional, cuya puesta en marcha permitirá ocupar mano de otra de la zona, abriendo una instancia única de explotación de las oportunidades que brinda la actual coyuntura económica”.
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